12 Febrero 2008 Seguir en 
Un horizonte de incertidumbres en las finanzas mundiales están provocando los reiterados síntomas recesivos de la economía en los Estados Unidos. Si bien no pocos analistas internacionales consideran que no afectarían a las economías en crecimiento, dejan motivos de preocupación para la nuestra, cuya solidez, tras la recuperación de la crisis, sigue requiriendo un grado de confianza y seguridad jurídica en los mercados.
Así se aprecia en las mediciones de la realidad argentina de influyentes centros de investigación internacionales cuyas periódicas encuestas colocan al país con bajas tasas de confiabilidad para realizar negocios, el respeto al derecho de propiedad, el grado de corrupción y las libertades de precios, fiscal y monetaria.
Esos indicadores son, a causa de aquella incertidumbre, más valorados que en otras circunstancias y por ello se hace necesario corregir situaciones entre las que la más urgida es la deuda con el Club de París integrado por el más importante grupo de países acreedores. A tal fin se llevan a cabo negociaciones todavía informales en diversos niveles sobre una acreencia total de 5800 millones de dólares.
La Argentina dejó de pagar al Club a fines de 2001 al declarar el default generalizado de la deuda pública y en las circunstancias descriptas no tiene otra alternativa que hacerlo de una sola vez - lo que resulta excesivamente costoso- o llegar a un acuerdo sobre amortizaciones en el tiempo.
Los estatutos del Club de París establecen que el auditor de la capacidad de pago de la reestructuración de una deuda que no se cancela a contado, debe ser el Fondo Monetario Internacional, y en ese punto es donde se están produciendo las dificultades mayores, pues nuestro gobierno no acepta tal condición. Puede afirmarse por ello que son mayores que las del diseño de un cronograma y de las tasas de interés. Desde que nuestro país saldó su deuda con el Fondo, no ha permitido que el organismo internacional pueda acercarse a la realidad de su economía, ni siquiera para dar cumplimiento al artículo IV de su carta orgánica, donde se establece el examen anual de las economías de sus socios, obligados por el párrafo 8º a proveer regularmente los indicadores adecuados.
El gobierno nacional no lo considera así, pero tampoco ha resuelto retirarse del organismo por el aislamiento que ello provocaría.
El portavoz del FMI, Masood Ahmed, acaba de manifestar en conferencia de prensa que “es vital tener datos sobre indicadores clave, como la inflación, para, establecer una buena política económica, no sólo en la Argentina, sino en todos los países”.
El vocero además aludió a las desacreditadas mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y dio credibilidad a la versión según la cual el Fondo utilizaría en su informe anual estadísticas de procedencia privada que responden mejor a nuestra realidad.
Esas manifestaciones coincidieron con la renovada negativa del jefe del Gabinete en el sentido de que no se aceptará el monitoreo del organismo internacional como condición para negociar con el Club de París. Tal posición irreductible y carente de pragmatismo frente a las exigencias estatutarias de un organismo al que se integra, pueden conducir a la firme sospecha de que, efectivamente, el disfraz estadístico es un reconocimiento tácito de quienes manejan el Indec.
Así se aprecia en las mediciones de la realidad argentina de influyentes centros de investigación internacionales cuyas periódicas encuestas colocan al país con bajas tasas de confiabilidad para realizar negocios, el respeto al derecho de propiedad, el grado de corrupción y las libertades de precios, fiscal y monetaria.
Esos indicadores son, a causa de aquella incertidumbre, más valorados que en otras circunstancias y por ello se hace necesario corregir situaciones entre las que la más urgida es la deuda con el Club de París integrado por el más importante grupo de países acreedores. A tal fin se llevan a cabo negociaciones todavía informales en diversos niveles sobre una acreencia total de 5800 millones de dólares.
La Argentina dejó de pagar al Club a fines de 2001 al declarar el default generalizado de la deuda pública y en las circunstancias descriptas no tiene otra alternativa que hacerlo de una sola vez - lo que resulta excesivamente costoso- o llegar a un acuerdo sobre amortizaciones en el tiempo.
Los estatutos del Club de París establecen que el auditor de la capacidad de pago de la reestructuración de una deuda que no se cancela a contado, debe ser el Fondo Monetario Internacional, y en ese punto es donde se están produciendo las dificultades mayores, pues nuestro gobierno no acepta tal condición. Puede afirmarse por ello que son mayores que las del diseño de un cronograma y de las tasas de interés. Desde que nuestro país saldó su deuda con el Fondo, no ha permitido que el organismo internacional pueda acercarse a la realidad de su economía, ni siquiera para dar cumplimiento al artículo IV de su carta orgánica, donde se establece el examen anual de las economías de sus socios, obligados por el párrafo 8º a proveer regularmente los indicadores adecuados.
El gobierno nacional no lo considera así, pero tampoco ha resuelto retirarse del organismo por el aislamiento que ello provocaría.
El portavoz del FMI, Masood Ahmed, acaba de manifestar en conferencia de prensa que “es vital tener datos sobre indicadores clave, como la inflación, para, establecer una buena política económica, no sólo en la Argentina, sino en todos los países”.
El vocero además aludió a las desacreditadas mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y dio credibilidad a la versión según la cual el Fondo utilizaría en su informe anual estadísticas de procedencia privada que responden mejor a nuestra realidad.
Esas manifestaciones coincidieron con la renovada negativa del jefe del Gabinete en el sentido de que no se aceptará el monitoreo del organismo internacional como condición para negociar con el Club de París. Tal posición irreductible y carente de pragmatismo frente a las exigencias estatutarias de un organismo al que se integra, pueden conducir a la firme sospecha de que, efectivamente, el disfraz estadístico es un reconocimiento tácito de quienes manejan el Indec.







