Es tan singular la vaciedad de la “incorporación” del CAM y el dominio de la “creación” por el Ejecutivo, que el llenado de la “fórmula en blanco” de los artículos 101.5 y 162 no sólo es única en todas las constituciones argentinas, sino que también es única en esta misma reforma a la Constitución de Tucumán .
La reglamentación por decreto del CAM, no sólo es única y errónea, porque no podría suplir la falta de creación constitucional del instituto; sino que tampoco podría ser complementaria de la norma de creación constitucional, ya que la ley es la forma jurídica apropiada, para regular lo atinente al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho a contar con jueces independientes que aquí se encuentra en juego.
No puede ser que lo que es un CAM en quince constituciones argentinas, no lo sea también en Tucumán. La convención no podía válidamente incorporar bajo un rótulo de CAM algo que en ningún lugar de este país es un Consejo Asesor de la Magistratura. Cuando adoptamos una determinada nomenclatura para designar diversos objetos, admitimos la necesidad de entendernos sobre la base de un lenguaje compartido. Y cada palabra que utilizamos en un sistema compartido de significados debe mínimamente evocar la misma cosa para todos, a fin de que podamos entendernos.
La creación de una institución no puede ser un vacío nominalista. La innovación del CAM no es “cambiar para que nada cambie”. El nombre del CAM no puede servir para aparentar un cambio que no existe, o para adecentar un desvío que no se explicita, o para disimular que el poder constituyente no priva al poder ejecutivo del dominio o predominio en la selección de los jueces.
El consejo asesor de la Magistratura podía ser diseñado de diversas formas, pero en cualquier forma que eligiese la Convención, debía respetarse siempre un contenido mínimo, que hace que sea un CAM y no otra cosa distinta, y que protege que esa institución y esa selección de jueces no sean manipulados ni desnaturalizados.
La reglamentación por decreto del CAM, no sólo es única y errónea, porque no podría suplir la falta de creación constitucional del instituto; sino que tampoco podría ser complementaria de la norma de creación constitucional, ya que la ley es la forma jurídica apropiada, para regular lo atinente al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho a contar con jueces independientes que aquí se encuentra en juego.
No puede ser que lo que es un CAM en quince constituciones argentinas, no lo sea también en Tucumán. La convención no podía válidamente incorporar bajo un rótulo de CAM algo que en ningún lugar de este país es un Consejo Asesor de la Magistratura. Cuando adoptamos una determinada nomenclatura para designar diversos objetos, admitimos la necesidad de entendernos sobre la base de un lenguaje compartido. Y cada palabra que utilizamos en un sistema compartido de significados debe mínimamente evocar la misma cosa para todos, a fin de que podamos entendernos.
La creación de una institución no puede ser un vacío nominalista. La innovación del CAM no es “cambiar para que nada cambie”. El nombre del CAM no puede servir para aparentar un cambio que no existe, o para adecentar un desvío que no se explicita, o para disimular que el poder constituyente no priva al poder ejecutivo del dominio o predominio en la selección de los jueces.
El consejo asesor de la Magistratura podía ser diseñado de diversas formas, pero en cualquier forma que eligiese la Convención, debía respetarse siempre un contenido mínimo, que hace que sea un CAM y no otra cosa distinta, y que protege que esa institución y esa selección de jueces no sean manipulados ni desnaturalizados.








