09 Febrero 2008 Seguir en 
Por orden de la jueza de Menores Nora Wexler, J., una de las involucradas en la muerte de Carla Romina Ortega, tendrá que aprobar 12 materias para poder seguir gozando de su libertad. Esa fue una de las principales órdenes que escuchó la adolescente durante la audiencia.
El encuentro con la magistrada, que duró más de una hora, sirvió para definir cómo será la vida de la sospechosa, que recuperó la libertad el 26 de octubre. La menor, que no será enjuiciada por ser inimputable, dejará la casa de su hermano e irá a la de su padre. La dirección exacta se mantiene en reserva por cuestiones legales.
De la audiencia participaron además Sergio Maza, defensor de menores oficial; Carlos Picón, representante legal de la adolescente; los padres, y psicólogos y asistentes sociales que se encargan de evaluar su comportamiento y si se cumplen las exigentes medidas tutelares que dictó Wexler.
“Fue visitada en más de 20 oportunidades en el hogar donde actualmente se encuentra. Todos los informes realizados por los profesionales fueron favorables. Tal como se lo pide la jueza, no quiere perder el año escolar y por eso rendirá todas las materias libres”, explicó una fuente de tribunales.
La magistrada, después de escuchar el informe de los peritos, decidió que, una vez que rinda las materias, se definirá en qué establecimiento continuará sus estudios. “La menor le comentó a Wexler que quiere terminar el secundario y después seguir una carrera terciaria o universitaria. Rechazó la posibilidad de buscar trabajo”, aseguró el mismo vocero.
En la audiencia también se estableció que J. continuará con tratamiento psicológico, aunque por el momento no se definió cuál profesional la atenderá ni cuánto durará el tratamiento.
La causa
Carla fue encontrada sin vida el 26 de agosto en un precipicio, a la vera de la ruta que conduce a San Javier. El fiscal Pedro Gallo, que investiga el caso, ordenó la detención de L. y de J. La última recuperó la libertad, a pesar de que un estudio confirmó que un cabello que se encontró sobre el cuerpo de la víctima era de ella.
Sin embargo, la validez de esa prueba está en discusión. Picón, defensor de J., pidió la nulidad de la pericia, puesto que según denunció, en el momento en que se realizó la extracción del cabello, no estaban presentes el defensor oficial de menores ni la representante legal de J., que por ese entonces era Clara Suárez Amado.
El fiscal Gallo decidió repetir la pericia, pero el defensor de J. se opuso. Ninguno de los cuestionamientos fue resuelto aún por la Justicia.
Tampoco se definió la situación procesal de L, la única acusada que permanece internada en el Instituto Goretti.
Sucede que la jueza Wexler rechazó el pedido de Ariel Lezcano y de Pablo Rivera, defensores de L. (se le imputó el delito de abandono de persona seguido de muerte), de que se le concediera la libertad.
Los profesionales decidieron recurrir a la Cámara de Apelaciones para que revea la decisión de la magistrada, pero hasta el momento el Tribunal no se expidió.
El encuentro con la magistrada, que duró más de una hora, sirvió para definir cómo será la vida de la sospechosa, que recuperó la libertad el 26 de octubre. La menor, que no será enjuiciada por ser inimputable, dejará la casa de su hermano e irá a la de su padre. La dirección exacta se mantiene en reserva por cuestiones legales.
De la audiencia participaron además Sergio Maza, defensor de menores oficial; Carlos Picón, representante legal de la adolescente; los padres, y psicólogos y asistentes sociales que se encargan de evaluar su comportamiento y si se cumplen las exigentes medidas tutelares que dictó Wexler.
“Fue visitada en más de 20 oportunidades en el hogar donde actualmente se encuentra. Todos los informes realizados por los profesionales fueron favorables. Tal como se lo pide la jueza, no quiere perder el año escolar y por eso rendirá todas las materias libres”, explicó una fuente de tribunales.
La magistrada, después de escuchar el informe de los peritos, decidió que, una vez que rinda las materias, se definirá en qué establecimiento continuará sus estudios. “La menor le comentó a Wexler que quiere terminar el secundario y después seguir una carrera terciaria o universitaria. Rechazó la posibilidad de buscar trabajo”, aseguró el mismo vocero.
En la audiencia también se estableció que J. continuará con tratamiento psicológico, aunque por el momento no se definió cuál profesional la atenderá ni cuánto durará el tratamiento.
La causa
Carla fue encontrada sin vida el 26 de agosto en un precipicio, a la vera de la ruta que conduce a San Javier. El fiscal Pedro Gallo, que investiga el caso, ordenó la detención de L. y de J. La última recuperó la libertad, a pesar de que un estudio confirmó que un cabello que se encontró sobre el cuerpo de la víctima era de ella.
Sin embargo, la validez de esa prueba está en discusión. Picón, defensor de J., pidió la nulidad de la pericia, puesto que según denunció, en el momento en que se realizó la extracción del cabello, no estaban presentes el defensor oficial de menores ni la representante legal de J., que por ese entonces era Clara Suárez Amado.
El fiscal Gallo decidió repetir la pericia, pero el defensor de J. se opuso. Ninguno de los cuestionamientos fue resuelto aún por la Justicia.
Tampoco se definió la situación procesal de L, la única acusada que permanece internada en el Instituto Goretti.
Sucede que la jueza Wexler rechazó el pedido de Ariel Lezcano y de Pablo Rivera, defensores de L. (se le imputó el delito de abandono de persona seguido de muerte), de que se le concediera la libertad.
Los profesionales decidieron recurrir a la Cámara de Apelaciones para que revea la decisión de la magistrada, pero hasta el momento el Tribunal no se expidió.
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