Cuestionan la ley contra el empleo no registrado

El arco empresario tucumano en su conjunto cuestionó la ley 7.999, que establece los operativos contra el empleo en negro, y afirmó que esa norma es inconstitucional, por lo que pidió que sea revisada. A la vez, reclamó que se alivien las cargas fiscales y tributarias.
En su despacho, el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, interlocutor de la administración de José Alperovich con las cámaras empresarias, recibió ayer a la mañana a los directivos Julio Colombres, presidente de la Federación Económica (FET); José Frías Silva y Guillermo Canteros, secretario y gerente de la Sociedad Rural (SRT), respectivamente; Roberto Sánchez Loria y Bartolomé del Bono, presidente y gerente de la Asociación Tucumana de Citrus (ATC), respectivamente; Fernando Allena, presidente de la Unión Industrial (UIT); José Manuel García González, presidente de la Fundación del Tucumán; y Ana Marchesi, presidenta de la Cámara de Comercio Exterior.
Los referentes de las seis principales organizaciones empresarias de Tucumán le entregaron al funcionario una carta, en la que solicitan una revisión de la norma que dispone los operativos y una serie de sanciones a empleadores que cuenten con personal en negro.
Los empresarios hicieron la salvedad de que comparten la motivación que llevó a la sanción y puesta en vigencia de los operativos, en el sentido de que el trabajo -dijeron-debe ser digno y registrado. Pero aclararon: "dicha norma, según dictámenes profesionales que tenemos en nuestro poder, vulnera normas de nuestra Constitución nacional, en especial sus artículos 4º, 14º, 16º, 17º, 18º, 19º y 75º inc. 12. También, desconoce el Pacto Federal del Trabajo, al que se adhirió nuestra provincia por medio de la ley 7.335". En particular, señalaron que las multas son desproporcionadas respecto de la infracción y que la legislación de fondo corresponde a la Nación, no a la provincia.
Los hombres de negocios también le pidieron al ministro Jiménez que, junto con los esfuerzos oficiales para combatir el empleo en negro, se bajen las tasas de las cargas y de los impuestos vinculados a la toma de personal. "Si hoy hay 50 empresarios que no pagan sobre un total de 100 (en referencia a que el empleo en negro asciende al 50%), y si esa proporción se reduce deberían bajar las alícuotas. La presión fiscal efectiva es del 40%, es decir, incompatible con el desarrollo económico que se pretende", razonó uno de los participantes del encuentro.
Según los empresarios consultados por LA GACETA, la reunión se realizó en términos de cordialidad, y para el viernes próximo, también a las 11, se acordó un nuevo encuentro con Jiménez, para avanzar en soluciones a la problemática planteada.