09 Febrero 2008 Seguir en 
Los representantes de las seis principales asociaciones de empresarios de Tucumán (la Federación Económica, la Fundación del Tucumán, la Unión Industrial, la Sociedad Rural, la Asociación Tucumana de Citrus y la Cámara de Comercio Exterior) le entregaron al ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, una carta en la que piden que la Ley 7.999 -que establece los operativos contra el trabajo en negro y multas para empleadores en infracción- sea revisada. Entienden que la norma es inconstitucional y afirman que, junto con los operativos también deberían bajarse las alícuotas de cargas e impuestos laborales.
NOTICIAS RELACIONADAS







