La cuestión previsional se plantea como sumamente compleja y, entre los magistrados, reina el criterio de que algunas cuestiones no están del todo claras, fundamentalmente en lo relacionado con las diferencias de aportes que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) exige para que puedan acceder a una jubilación con el beneficio del 82% móvil.
El 1 de junio de 2006, como consecuencia del acta complementaria suscripta entre la Nación y la Provincia, los magistrados lograron que se les reconozca el derecho a la movilidad previsional que prevé la Ley 24.018. Pero la Anses pretende que, previamente, sean canceladas las diferencias generadas entre 1996 y 2006, cuando las jubilaciones estaban sujetas a un tope, como consecuencia de la transferencia del sistema previsional de Tucumán a la Nación (1996).
Durante esa década, en concepto de aportes previsionales, a los jueces les descontaban el 7% o el 11%, según si estaban enrolados en el sistema de capitalización o en el de reparto, respectivamente. Pero, en ambos casos, tal retención se hacía tomando como base la suma tope que percibían quienes se jubilaban (rondaba los $ 3.100, aunque variaba según la categoría).
Ahora, la Anses entiende que, para que puedan retirarse y gozar del 82% móvil, primero deben liquidar las diferencias que surjan de aplicar en cada caso una retención del 12% y no sobre la suma tope que rigió desde 1996, sino sobre los haberes mensuales que cada magistrado percibió entre 1996 y 2006. Algunos, como José Antonio Barrozo, vocal de la sala VI de la Cámara del Trabajo, ya se manifestaron contra la pretensión de la Anses por considerar que el ajuste debe hacerse a partir de 2006, cuando fue firmada el acta complementaria con la Nación.
Hay otros magistrados que están convencidos de que, aun concretándose el ajuste retroactivo desde 1996, como pretende la Anses, tendrían un saldo positivo por la capitalización que sus aportes habrían experimentado durante la década en cuestión. Argumentan que, como el acta complementaria exigía que, para quedar comprendidos en la Ley 24.018, los jueces debían estar en el sistema de reparto, los montos que manejaban las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) habrían sido transferidos a la Anses, con lo que se habría generado la diferencia a su favor (y no del Estado).
Sin unidad ejecutora
En Tribunales ayer había malestar porque la Anses no estableció aún una unidad ejecutora en el Palacio de Justicia para evacuar las dudas de caja juez interesado en jubilarse (son 66 los que están en condiciones de hacerlo). A eso se había comprometido la gerenta regional de la Anses, Viviana Bernacchi, en declaraciones a LA GACETA del 21 de enero. Este diario intentó comunicarse con Bernacchi en reiteradas ocasiones, pero fue infructuoso.
El 1 de junio de 2006, como consecuencia del acta complementaria suscripta entre la Nación y la Provincia, los magistrados lograron que se les reconozca el derecho a la movilidad previsional que prevé la Ley 24.018. Pero la Anses pretende que, previamente, sean canceladas las diferencias generadas entre 1996 y 2006, cuando las jubilaciones estaban sujetas a un tope, como consecuencia de la transferencia del sistema previsional de Tucumán a la Nación (1996).
Durante esa década, en concepto de aportes previsionales, a los jueces les descontaban el 7% o el 11%, según si estaban enrolados en el sistema de capitalización o en el de reparto, respectivamente. Pero, en ambos casos, tal retención se hacía tomando como base la suma tope que percibían quienes se jubilaban (rondaba los $ 3.100, aunque variaba según la categoría).
Ahora, la Anses entiende que, para que puedan retirarse y gozar del 82% móvil, primero deben liquidar las diferencias que surjan de aplicar en cada caso una retención del 12% y no sobre la suma tope que rigió desde 1996, sino sobre los haberes mensuales que cada magistrado percibió entre 1996 y 2006. Algunos, como José Antonio Barrozo, vocal de la sala VI de la Cámara del Trabajo, ya se manifestaron contra la pretensión de la Anses por considerar que el ajuste debe hacerse a partir de 2006, cuando fue firmada el acta complementaria con la Nación.
Hay otros magistrados que están convencidos de que, aun concretándose el ajuste retroactivo desde 1996, como pretende la Anses, tendrían un saldo positivo por la capitalización que sus aportes habrían experimentado durante la década en cuestión. Argumentan que, como el acta complementaria exigía que, para quedar comprendidos en la Ley 24.018, los jueces debían estar en el sistema de reparto, los montos que manejaban las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) habrían sido transferidos a la Anses, con lo que se habría generado la diferencia a su favor (y no del Estado).
Sin unidad ejecutora
En Tribunales ayer había malestar porque la Anses no estableció aún una unidad ejecutora en el Palacio de Justicia para evacuar las dudas de caja juez interesado en jubilarse (son 66 los que están en condiciones de hacerlo). A eso se había comprometido la gerenta regional de la Anses, Viviana Bernacchi, en declaraciones a LA GACETA del 21 de enero. Este diario intentó comunicarse con Bernacchi en reiteradas ocasiones, pero fue infructuoso.
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