Ayer, el inicio de las actividades impuso en la agenda de la Corte Suprema de Justicia la cuestión relacionada con los trámites que deberán cumplir en adelante los magistrados para poder jubilarse con el beneficio previsional del 82% a partir del acta complementaria celebrada por la Nación y por la Provincia el 1 de junio de 2006.
El presidente, Antonio Gandur, volvió a la carga con la idea de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), una vez que defina lo que cada magistrado adeuda en concepto de diferencias de aportes retroactivos (ver "Incierta..."), sea la misma que establezca en cada caso una forma de pago. Ayer estaba casi listo el borrador de la nota que, en tal sentido, el lunes enviarán a las autoridades de la Anses en Buenos Aires.
Como condición previa para que quienes se retiren puedan gozar del 82% móvil, la Anses exige que los magistrados cancelen las diferencias adeudas, que oscilarían entre los $ 15.000 y los $ 40.000.
El Poder Ejecutivo, por medio de la Caja Popular de Ahorros, puso a disposición de los jueces una línea de crédito de $ 3 millones, para que puedan saldar cuentas con la Anses. No obstante, impuso como condhición que los interesados inicien los trámites jubilatorios hasta el 31 de marzo. Precisamente, en la Corte buscan una alternativa para esta operatoria financiera, en la convicción de que no se les puede fijar un término de caducidad a las designaciones de los magistrados, porque estos, constitucionalmente, duran en sus cargos mientras su conducta sea buena.
En diciembre, desde la Secretaría Administrativa del alto tribunal efectuaron consultas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), en su carácter de órgano recaudador de los recursos de la seguridad social. El objetivo era saber si hay planes de facilidades de pago de deudas previsionales.
Complejidad
En relación con el tema, la AFIP emitió dos resoluciones generales, la RG 1.966/05 y la RG 2.278/07. Esta última estableció la posibilidad de que las deudas por los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia por un monto igual o superior a los $ 200.000 sean saldadas mediante 24 cuotas, con un interés mensual del 1,25% (o del 15% si se lo mide anualmente). La Caja Popular, en cambio, ofreció hasta 10 años de plazo de devolución del préstamo personal y una tasa de interés que no podrá exceder la que paga el Banco de la Nación por los depósitos en plazo fijo a 30 días.
Al mismo tiempo que se buscan alternativas, Antonio Estofán, el vocal de la Corte que durante la primera quincena de enero trabajó en la cuestión previsional, tendría pendiente la próxima semana una entrevista con el interventor de la Caja Popular, Jorge Gassenbauer. El objetivo sería determinar si, además de los magistrados, los funcionarios judiciales (incluidos en el acta complementaria) podrán ser beneficiados con otra línea de crédito, para que logren liquidar eventuales diferencias con la Anses, de manera que también puedan jubilarse con el 82% móvil.
El presidente, Antonio Gandur, volvió a la carga con la idea de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), una vez que defina lo que cada magistrado adeuda en concepto de diferencias de aportes retroactivos (ver "Incierta..."), sea la misma que establezca en cada caso una forma de pago. Ayer estaba casi listo el borrador de la nota que, en tal sentido, el lunes enviarán a las autoridades de la Anses en Buenos Aires.
Como condición previa para que quienes se retiren puedan gozar del 82% móvil, la Anses exige que los magistrados cancelen las diferencias adeudas, que oscilarían entre los $ 15.000 y los $ 40.000.
El Poder Ejecutivo, por medio de la Caja Popular de Ahorros, puso a disposición de los jueces una línea de crédito de $ 3 millones, para que puedan saldar cuentas con la Anses. No obstante, impuso como condhición que los interesados inicien los trámites jubilatorios hasta el 31 de marzo. Precisamente, en la Corte buscan una alternativa para esta operatoria financiera, en la convicción de que no se les puede fijar un término de caducidad a las designaciones de los magistrados, porque estos, constitucionalmente, duran en sus cargos mientras su conducta sea buena.
En diciembre, desde la Secretaría Administrativa del alto tribunal efectuaron consultas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), en su carácter de órgano recaudador de los recursos de la seguridad social. El objetivo era saber si hay planes de facilidades de pago de deudas previsionales.
Complejidad
En relación con el tema, la AFIP emitió dos resoluciones generales, la RG 1.966/05 y la RG 2.278/07. Esta última estableció la posibilidad de que las deudas por los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia por un monto igual o superior a los $ 200.000 sean saldadas mediante 24 cuotas, con un interés mensual del 1,25% (o del 15% si se lo mide anualmente). La Caja Popular, en cambio, ofreció hasta 10 años de plazo de devolución del préstamo personal y una tasa de interés que no podrá exceder la que paga el Banco de la Nación por los depósitos en plazo fijo a 30 días.
Al mismo tiempo que se buscan alternativas, Antonio Estofán, el vocal de la Corte que durante la primera quincena de enero trabajó en la cuestión previsional, tendría pendiente la próxima semana una entrevista con el interventor de la Caja Popular, Jorge Gassenbauer. El objetivo sería determinar si, además de los magistrados, los funcionarios judiciales (incluidos en el acta complementaria) podrán ser beneficiados con otra línea de crédito, para que logren liquidar eventuales diferencias con la Anses, de manera que también puedan jubilarse con el 82% móvil.
NOTICIAS RELACIONADAS







