La desaparición de González preocupa a sus vecinos

Los vecinos de Barrio Jardín no se resignan a su ausencia. Desde hace más de siete meses no saben nada de José Ignacio González, y no se explican por qué, a pesar del tiempo transcurrido, no hay noticias de su paradero.
Marcos Gómez afirma que en un principio creían que González, de 59 años, se había mudado. "No era un hombre al que se viera todos los días. Ahora es peor, porque son muchas las cosas que se dicen, y nosotros no sabemos qué pensar", advirtió. González vivía en una casa en el pasaje Brandsen 2.583. Cuando la Policía ingresó en la vivienda, el 6 de agosto, se sorprendió por la suciedad y el abandono del inmueble. González criaba dos perras que, aparentemente luego de que él desapareció, tuvieron cría, por lo que había sangre en gran parte del patio y en el interior de la casa. Marcela Belaños dijo que el tema de la desaparición es motivo de charla permanente entre los vecinos. "Nos gustaría que se sepa realmente qué sucedió, ya que estamos preocupados. Se habla de una mafia, de lavado de dinero, de gente pesada detrás de todo esto, lo que no nos deja tranquilos", explicó la mujer. A Mirta Troglio también le llama la atención el caso. "Era un vecino común y corriente. Nadie pensaba que podía andar en algo raro. Lo mejor sería que lo encontraran para que se termine este misterio", afirmó la mujer.
González, que trabajaba en la Secretaría de Educación, fue visto por última vez el 13 de julio en la zona de la plazoleta Mitre.
La causa es investigada por la fiscal Adriana Giannoni que descubrió que González compartía con otras personas cuentas bancarias, en las que se habían producido movimientos millonarios de dinero. La relación entre los cotitulares comenzó en reuniones de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Ante la presunción de que estaba ante una maniobra de lavado de dinero le remitió las actuaciones al fiscal general Antonio Gómez, que a su vez se las envió al fiscal Carlos Alfredo Brito el 28 de setiembre. El fiscal advirtió que Giannoni no podía declararse incompetente para investigar, sino que esta facultad estaba destinada únicamente al juez de Instrucción, por lo que consideró que la causa debía ser devuelta a la Justicia provincial. Así lo entendió también el juez federal Daniel Bejas (y no Mario Racedo como por error salió publicado ayer), y envió nuevamente el expediente a Giannoni. La fiscal, con un dictamen favorable de Gómez, insistió en su pedido aduciendo que ella no podía investigar un delito de índole federal. Ante esto, el 12 de noviembre Brito dio por judicializada la causa y solicitó que las actuaciones fueran remitidas a la secretaría penal del juzgado de Bejas. Un mes después, Brito solicitó la remisión de la causa a su fiscalía, para saber en qué estado se encontraba, a lo que le respondieron que el 21 de octubre la causa había sido remitida a la fiscalía de Giannoni.
En tanto, la Justicia local remitirá muestras de ADN tomadas en la casa de González para que se elabore un perfil genético. Esta pericia es necesaria para poder hacer luego una comparación con una muestra de la sangre que había en el asiento trasero de una camioneta que fue secuestrada en el marco de la investigación.