El manejo de los recursos públicos

La teoría de los superpoderes “para poder gobernar bien” ha proliferado hasta tal dimensión que puede atribuir a los ejecutivos públicos un poder superior a las autoridades de control y representativas de la voluntad ciudadana. Es decir, pospone las celosas normas constitucionales donde los recursos públicos y los derechos individuales son tesoros invalorables. Esa teoría del pretendido buen gobierno que sofoca la Ley Suprema es la regla funcional del poder central que durante el último ejercicio gastó $ 26.610 millones sin control, por fuera del Presupuesto, apelando a la subestimación de la recaudación y manejando el excedente tributado sin limitaciones. Otra clave es la reasignación de partidas de la ley fiscal, con excepción de $ 10.000 millones para Seguridad e Inteligencia, y la tercera herramienta mayor son los decretos de necesidad y urgencia aceptados por el Congreso mediante la mera sanción tácita o ficta. Todo ese poder financiero, agregado al viejo régimen de coparticipación federal de impuestos que debió reformarse hace una década, somete las provincias a la “caja rosada”, de tal forma que, en la actualidad, 18 de ellas deben recurrir al Gobierno central para tratar de superar sus compromisos fiscales, hasta el punto que algunas, con administraciones de origen opositor, han sido cooptadas para poder sobrellevar sus déficit.
   La teoría de los superpoderes se ha extendido “para poder gobernar bien” a un número extraordinario de municipalidades. Es evidente que los ejemplos de arriba no podían pasar en vano, y muy rara es la comuna donde el Concejo Deliberante con mayoría oficialista local no recurra a la teoría de marras.
   No siempre es posible que las concesiones a los ejecutivos por los legislativos y deliberantes sean tan excepcionales como las que reúne el poder presidencial, pero la teoría de los superpoderes tiende a avanzar en el tiempo, y buen ejemplo de ello es el polémico conurbano bonaerense, donde la pobreza y el desempleo se condicen con esa teoría. Una región donde se manejan 19 presupuestos municipales y en la que sólo mínimamente se rinden cuentas a los concejos deliberantes. En las últimas elecciones de alcaldes hubo algunos relevos generacionales y más de un ganador ha comenzado a denunciar irregularidades a granel en los órdenes financiero, social y de seguridad. Paradójicamente, el sistema de superpoderes se ha sostenido invocando la ley orgánica de municipalidades dictada durante la última dictadura.
   El conurbano bonaerense es, por lo demás, el aparato electoral más poderoso, y su manejo político ha significado durante numerosos años, salvo muy raras excepciones, la aparición de una gerontocracia que muda de acuerdo con los vientos políticos. Ese fue el motivo esencial de que el sistema indirecto de elección presidencial mediante consejo electoral fuera sustituido en la reforma constitucional de 1994 por el voto directo. A la variante se agregó el ballottage, y se  redujo a un requerimiento menor muy por debajo de la mitad más uno. Como puede advertirse, se trató de una “operación milagro” del Pacto de Olivos que, con el transcurso del tiempo, no permitió restaurar plenamente la transparencia republicana. Por el contrario, la supedita a las necesidades políticas del poder con el alto riesgo de tener que encarar en algún momento otra reforma de la Constitución bajo la sombra de tan discutible institucionalidad.