La Corte intervendría en el caso de los autos lujosos

BUENOS AIRES.- Tras las denuncias presentadas por la Cancillería y la Aduana ante los fueros federal y Penal Económico, la Justicia deberá definir en qué juzgado recae la causa por la importación irregular de autos diplomáticos, en la que podría intervenir incluso la Corte Suprema de Justicia. De ser necesario investigar a representantes extranjeros, la causa recaerá necesariamente en el máximo tribunal debido a la inmunidad diplomática de los involucrados.
Por lo pronto, el fiscal federal de turno durante la feria, Luis Comparatore, emitirá este miércoles un dictamen en el que definirá si da curso a la denuncia presentada por la Cancillería.
Comparatore analizó la denuncia presentada por el Palacio San Martín, consistente en el sumario administrativo interno que derivó en octubre pasado en el desplazamiento del titular del Departamento de Franquicias, Jorge Matas.
Si bien la denuncia fue radicada en el fuero federal al haber funcionarios presuntamente involucrados, la investigación podría llegar a recaer en el fuero en lo Penal Económico si se considera que el delito consumado es el de contrabando agravado, como advirtió el director general de Aduanas, Ricardo Echegaray. Según el funcionario, "este no es un simple delito federal donde hay que investigar a la persona que otorgó las licencias en la Cancillería, aquí hay una situación de contrabando, por lo que pueden enfrentarse penas de hasta diez años de prisión".
Los voceros explicaron que el dictamen del fiscal podría decretar la incompetencia del fuero federal para enviar el expediente al Penal Económico, aunque también esa medida podría ser ordenada cuando la investigación esté más avanzada.
En tanto, la Aduana bloqueó la salida de vehículos diplomáticos del país, tras la orden del juez Marcelo Aguinsky en la causa de los autos lujosos.
El organismo consideró las maniobras de diplomáticos como un hecho de contrabando y requirió la intervención de la Justicia en lo Penal Económico. "Acá hay una situación de evasión tributaria y una transgresión a la política automotriz del Estado nacional", denunció el titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, al tiempo que aclaró que las licencias para el ingreso de los vehículos no fueron otorgadas por su dependencia, sino por otros organismos.
Por otra parte el embajador de Bolivia, Sixto Valdez Cueto, se desligó del escándalo, aunque confirmó que su gobierno inició una investigación.
"Hemos transmitido toda esta información a nuestra cancillería y al presidente Evo Morales. Si a la Embajada le llegan pruebas, denuncias concretas, vamos a actuar con contundencia", enfatizó el diplomático. (DyN-NA)