El hecho hace recordar el caso del "Taxigate"

El escándalo desatado en Yerba Buena trajo a colación lo sucedido en 1994 en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. En aquella ocasión, varios ediles y empleados del cuerpo deliberativo se vieron incolucrados en una causa judicial por la presunta adulteración de un anexo de la ordenanza 2.103, por la que se congelaban las licencias para taxis en la capital.
En diciembre de 1993, los concejales sancionaron una polémica ordenanza, mediante la cual se aumentaba nominalmente el número de licencias de autos de alquiler a 1.680; muchas fueron adjudicadas a personas no inscriptas previamente, y varios interesados denunciaron haber quedado fuera del “reparto”. Ocurre que el proyecto aprobado era acompañado por una lista nominal de adjudicatarios de licencias. La acusación apuntó a que se tachó a unos y se benefició a otros, de manera discrecional.
Esta situación dio origen al denominado escándalo del “Taxigate”, ya que se comprobaría luego que había autos con licencias “mellizas” y hasta “trillizas”, y que tanto el Concejo Deliberante como la Municipalidad otorgaban permisos de dudosa validez.
Ante los hechos, una comisión especial del Concejo investigó el caso y envió luego sus conclusiones a la Justicia. La causa llegó en 1995 a juicio oral y terminó con una condena de ejecución condicional en contra de un ex empleado del cuerpo deliberativo. César Antonio Zurita, el único acusado por estafa, trabajaba en el bloque del PJ del Concejo y había sido denunciado por Roberto Guzmán, quien dijo que el imputado le había pedido $ 2.100 para gestionarle una licencia de taxi. Finalmente, la sala III de la Cámara Penal lo condenó a tres años de prisión en forma condicional.