No se hablan, pero acuerdan

BUENOS AIRES.- La guerrilla política de la Plaza de Mayo ha dejado un saldo victorioso con el acuerdo entre los poderes vecinos sobre la necesidad de hacer un esfuerzo conjunto para aplicar la doctrina constitucional del orden público, en crisis desde los cacerolazos del milenio. Pero además, ha tenido la virtud de un debate inteligente donde la oposición entre las partes no se oculta pero respeta las formas básicas de la convivencia política. El fiscal general de la ciudad autónoma, Germán Garavano, resolvió exigir la aplicación del artículo 78 del Código de Convivencia que obliga a anticipar las manifestaciones públicas, impidiéndose los cortes de espacios del tránsito de terceros. La semana anterior, la Justicia había sancionado a los dirigentes de la Uocra que cortaron 39 puntos críticos y solicitaron perdón a los afectados mediante una solicitada. Pero la decisión de Garavano , que responde evidentemente a la política del gobierno macrista, tiene otra particularidad: la denuncia de un fiscal capitalino provoca necesariamente la intervención de la Policía Federal, sin necesidad que esta dependa de la ciudad autónoma. ¿Qué otra cosa podía afirmar el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, que estar de acuerdo con la decisión del fiscal general porteño? Ironías y ficciones al margen, lo cierto es que habrá una regla insoslayable de orden público semejante a la que impera en otros lugares del mundo libre y con fuerte influencia en el resto del país.

 Fin de la discriminación
Hace ya un tiempo que el ex presidente Kirchner y Aníbal Fernández, como ministro del Interior, habían abandonado la política del dejar hacer en materia de orden público, tras la reducción del piqueterismo más activista. Sin embargo, la llegada del macrismo al gobierno dio lugar a la discriminación: protección de la seguridad en la zona portuaria -Casino Flotante y Buquebus al Uruguay- pero ignorancia de lo que ocurría en la ciudad autónoma. Ahora, el gobierno nacional deberá prestar atención a los fiscales porteños, en cuyo caso las urgencias de Mauricio Macri por la transferencia de la Policía Federal se habrán reducido, como reconoce su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, según quien la presidenta CFK mantiene “una relación normal y  mostró apertura en su mensaje de investidura”. Salvo muy raras excepciones, los hechos perturbadores que preocupan a los fiscales tienen dos causas muy evidentes: la razón justa que puede haber en la protesta - derechos vulnerados o daños sobre un sector de actividad- y la clara participación en ellos de notorios activistas políticos que en lugares y motivos muy diferentes se convierten en voceros mediáticos. Son los casos del Casino Flotante y del aeropuerto de Ezeiza, donde frecuentemente se los observa con encendidos discursos mediáticos en las pantallas de TV. La decisión en el debate que se libra en la Plaza de Mayo puede ser el comienzo del fin de la histérica imagen argentina que da vuelta al mundo. (De nuestra Sucursal)