Un año de disfraz estadístico

El ministro de Economía, Martín Lousteau, informó a poco de asumir sus funciones que su cartera estaba ya trabajando en la creación de un nuevo índice de precios que podría estar en vigencia a partir de marzo. Se refería, claro está, a la reorganización del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Indec, cuya intervención por el Gobierno central acaba de cumplir un año, cuando se desplazó a la funcionaria del sector que mide los precios minoristas, el IPC, indicador fundamental y básico del organismo por su influencia en el conocimiento de la realidad económica y social. No sólo se trata de un referente del ingreso real, sino que orienta el ajuste del rendimiento de la deuda pública, depósitos bancarios a plazo fijo, contratos privados y otras decisiones de la economía.
   La intervención en el IPC había sido precedida por la presión sobre los precios en los mercados mediante acciones directas y dirigidas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pero que no alcanzaron a modificar la tendencia inflacionaria que demostraba mensualmente el organismo estadístico. Pero a esa intromisión debieron seguir otras en diferentes sectores de actividad y desplazamientos de personal técnico con el consiguiente conflicto que aún perdura. Puede decirse por ello que actualmente se trata de una situación de alarma para la economía y de escándalo para la sociedad, a la que se suma la confrontación gremial gremial.
   Pero no sólo la organización del Indec ha sido desarticulada para acomodarla al timón gubernamental. También ha sido violado el secreto estadístico, introduciendo el temor en los informes que los empresarios rinden periódicamente a los encuestadores. El interés de la intervención llegó al punto de ser reveladas las fuentes estadísticas para ser posteriormente presionadas por Moreno y su personal, lo cual devaluó el origen de las estadísticas y comenzaron a ser referenciales otros informes no oficiales más adecuados a la realidad del mercado. Por lo demás, no debe ignorarse que, en el caso del IPC, se trata de un índice decisivo para medir el nivel de ingresos, tanto en la medición de la pobreza como en la de la riqueza.
Según el termómetro oficial, la inflación del año que ha finalizado fue menor que la de 2006, totalizando el costo de vida el 8,5%. Una búsqueda afanosa entre los analistas no gubernamentales no halló a ninguno que establezca el nivel por debajo de17%, alcanzando algunos el 20%, índices estos que se ajustan mejor a la realidad de las góndolas y mostradores.
   Detrás del disfraz estadístico, ostentoso y burdo por momentos, se oculta un hecho singular, como el de la ambigua promesa del ministro de Economía, demostrativa de que la revisión del sistema estadístico se está realizando dentro del mayor hermetismo, de acuerdo con el estilo de importantes decisiones gubernamentales de interés público.
   Sus diseñadores serían los mismos responsables del conflicto que padece el Indec, mientras los especialistas desplazados del organismo hallan las puertas cerradas en esa guerra ruidosa por las estadísticas.
   Lo usual en los países libres es la discusión de esos temas en seminarios y congresos de especialistas locales y externos. Es decir, todo lo contrario al misterio que impide disponer de valores tan esenciales como la confianza y la seguridad sobre la realidad económica, sin los cuales el poder político toma rumbo al fracaso.