Cinco propuestas que la Justicia debe determinar si rigen o no

El debate sobre la vigencia y el mecanismo de sanción de las leyes está siendo analizado en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. La discusión gira alrededor de una causa judicial abierta en medio del conflicto político que protagonizaron, el año pasado, el gobernador José Alperovich y entonces el presidente de la Legislatura, Fernando Juri, en torno de cinco leyes que todavía no se sabe si rigen o no en la provincia.
El paquete de normas fue aprobado por la Cámara pasada, que tenía 40 miembros, en febrero pasado; y fueron vetadas por el Poder Ejecutivo durante ese mismo mes.
En marzo, los legisladores volvieron a sancionar las leyes, con mayoría simple. Sostuvieron que con 21 votos alcanzaba porque, interpretaron, no se trataba de insistencias en contra de vetos, medida que requiere del voto de los dos tercios del cuerpo, que en aquel caso equivalía a 27 parlamentarios. El argumento, precisamente, consistió en que febrero correspondía al período de sesiones extraordinarias de 2006, mientras que en marzo había comenzado el período de sesiones ordinarias de 2007. Por ende, afirmaron, estaban sancionando los mismos proyectos en un año parlamentario distinto, razón por la que la mayoría simple de votos era lo pertinente, como estipula la Constitución para esos casos.
El Gobierno rechazó esa lectura y afirmó que cuando la Carta Magna habla de años diferentes, refiere a los del calendario. Por tanto, consideraron que las normas vetadas en febrero requerían de los dos tercios de la Cámara para ser insistidas en marzo. Como no reunieron 27 votos sino 21, dieron por fracasado el rechazo de los vetos y devolvieron a la Cámara, sin promulgar ni vetar, las normas que los legisladores consideraban válidas.
El tema derivó en presentaciones judiciales en reclamo de la efectiva aplicación de las normas. A fines de 2007, la causa abierta por Juri fue retirada de los tribunales por el actual vicegobernador, Juan Manzur, pero subsisten las impulsadas por los ex legisladores opositores Ernesto Padilla (Recrear) y Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes), y por el reelecto legislador acoplado Carlos Canevaro.
La polémica subsiste en torno del reconocimiento del 82% en los haberes de los jubilados; de la autarquía financiera de los poderes Legislativo y Judicial; y de la normalización de los entes públicos intervenidos. En cambio, serían desestimadas las cuestiones referidas a las leyes de contenido electoral que debían regir para los comicios provinciales de agosto pasado: prohibición a los partidos municipales y comunales para hacer acoples (la cual se aplicó por decisión de la Junta Electoral), castigo de prácticas clientelísticas e implementación del voto electrónico.