Impera el criterio político para publicar las leyes

El Gobierno anunció el lunes que el próximo 25 pagará a los estatales, en efectivo, el importe que desde enero de 2000 les abonaba en tickets. Pero para que esa operatoria pueda hacerse realidad, el Boletín Oficial publicó recién ayer la Ley 7.991, que permite eliminar los vales del salario de los empleados públicos.
La Ley 7.995, por la cual se amplía una moratoria en beneficio de empresarios (permite refinanciar deudas por impuestos declarativos, que son los de Salud Pública, Sellos e Ingresos Brutos), demoró en aparecer en la publicación oficial apenas dos días hábiles después de haber sido sancionada en la sesión del pasado martes 8. En cambio, la polémica norma por la cual se autoriza la enajenación de inmuebles centenarios, a partir de desafectarlos del Sistema de Protección del Patrimonio Cultural y los Bienes Arquitectónicos, tuvo que esperar cuatro semanas para ser impresa en el Boletín Oficial: fue publicada ayer, con el número 7.990, luego de que fue aprobada por los parlamentarios del oficialismo durante la sesión del 20 de diciembre. (Ver página 7)
De la numeración expuesta surge, precisamente, que tampoco hay una correlación en el orden de publicación de las leyes. Para el caso, si no fuera por un error informático, hoy debería desconocerse cuál es el contenido de tres leyes (corresponderían a los números 7.994, 7.997 y 7.998), las únicas cuya difusión adeudaba el Poder Ejecutivo. Las normas con numeración intermedia ya figuran en el Boletín Oficial. (Ver "El día que...")

Una oficina estratégica
El mecanismo de puesta en vigencia de las leyes que rige en Tucumán delega en la Casa de Gobierno aspectos centrales. El gobernador y el vice, que son miembros del Ejecutivo, tienen facultad para presentar proyectos de ley (potestad de la que, además de ellos, sólo gozan los legisladores). Y, complementariamente, pone en la estructura del PE el estratégico Registro Oficial de Leyes y Decretos.
Precisamente, esta oficina fue objeto de una verdadera batalla jurisdiccional entre el Ejecutivo y la Legislatura a finales de la gobernación del peronista Ramón Bautista Ortega y a comienzos de la gestión de Antonio Domingo Bussi, cuando se decidió, por ley, que el Registro Oficial de Leyes y Decretos debía pasar a la órbita del parlamento.
A pesar de las connotaciones políticas, lo cierto es que la norma también imponía una serie de pautas que tendían a que dejara de imperar el criterio político a la hora de publicar las leyes. Por ejemplo, mandaba a que el Boletín Oficial publicara las normas promulgadas en un plazo determinado, y no según el criterio de las autoridades. (Ver "Cuando se mudó...")

Diarias tareas
Hoy, la dependencia que registra las normas se encuentra integrada a la Secretaría General de la Gobernación y tiene como misión asignar el número correspondiente a las normas, protocolizarlas y asegurar su adecuado archivo, el que debe estar actualizado y clasificado institucionalmente. Además se encarga de recopilar, clasificar y conservar los documentos originales de la Provincia y la normativa nacional, y expide copias autenticadas de las disposiciones. Al frente de la oficina se encuentra Marta Moreira de Cabrera.
La función de numerar las leyes es un paso clave para su entrada en vigencia. Cualquier demora al respecto impide su publicación en el BO, la última instancia prevista en este tema.

La ley que no tuvo número
La numeración de las normas tiene una importancia tal que llegó a ser empleada como una herramienta política en momentos de tensión entre el PE y la Legislatura.
Justamente, numerosos episodios conflictivos se produjeron entre Ramón Ortega y Julio César Díaz Lozano, cuando, respectivamente, presidían el Ejecutivo y la Cámara. En esa pelea, y con el peligro latente de la intervención federal a la Legislatura, la Cámara rechazó una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia del PE. En represalia, Ortega se rehusó a promulgar leyes sancionadas en la parte final de su mandato, entre las que sobresalía el traspaso del sistema previsional a la Nación, con el argumento de que los legisladores no le quisieron dar las herramientas que había solicitado antes.
Pero el hecho más llamativo fue que el ex gobernador se negó, incluso, a numerar una ley de fomento de la cría de ganado caprino por haber sido ideada por Díaz Lozano. Seis años después, en la gestión de Julio Miranda, el legislador Mariano Poliche logró la sanción de una norma similar y se generó la polémica acerca de si la legislación anterior estaba o no vigente, pese a no tener cerrado todo el proceso por hechos de naturaleza política.