El respeto democrático a los derechos humanos

Las libertades de expresión y de opinión son derechos humanos fundamentales, cuya existencia no necesita de ninguna acción del Gobierno de turno. Por ello, no son cesiones graciosas de un mandatario. Sólo se obvian en las dictaduras, cuando el estado de derecho es una utopía; pero incluso en esas épocas oscuras, la luz que arroja poder decir lo que se piensa alumbra antes que la vuelta formal a la democracia. Así como la censura es lo primero que se debilita en los autoritarismos, los intentos de implantarla preludian la debilidad de un gobernante y evidencian su deseo a tener el poder absoluto. Reconocen, en definitiva, el miedo a que se piense distinto y a que el otro sea quien tenga razón.
El Poder Ejecutivo no puede vanagloriarse de respetar las movilizaciones y protestas contra su decisión de vender inmuebles pertenecientes al patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de los tucumanos. Es su obligación (una de muchas) reconocer, garantizar y resguardar la posibilidad de que cada uno diga lo que quiera, especialmente aquellos que no opinan lo mismo que quienes habitan los despachos oficiales.
Incumplir este mandato constitucional pondría al Gobierno al borde de la ilegitimidad, hecho asimilable a aquellas gestiones de facto violadoras de los derechos básicos de los ciudadanos.
La mención expresa de los principios cívicos en la Constitución Nacional (y su reproducción en las Cartas Magnas provinciales) ni siquiera sería obligatorio para que existan y puedan ser reclamados. Hay criterio uniforme e indiscutible de que su vigencia es previa, autónoma e independiente de lo que figure en un papel, más allá de que integren cuanto convenio internacional existe en materia de derechos humanos.
De un abanico de ideas surge la mejor opción. El pensamiento único, en cambio, impide elegir y potencia el riesgo a la equivocación. La construcción de alternativas implica contar con un espacio de disenso respecto de las decisiones en debate. Aunque ya hayan sido tomadas, siempre hay tiempo y espacio para la rectificación. El gobernante se puede equivocar; lo que debería tratar de evitar es persistir en la equivocación por capricho, tozudez, ignorancia, ausencia de alternativas, obsecuencia silenciosa de quienes tienen la obligación de asesorarlo o soberbia.
La otra cara de la libertad de disentir es la libertad de coincidir. Disenso y consenso son construcciones democráticas indispensables para la madurez de la sociedad cimentadas en la libre difusión de ideas. Son manifestaciones del respeto a la opinión del otro. Tanto se la debe exigir al Estado como a quien está al lado. Hoy, si alguien se expresa a favor o en contra del Gobierno, surgen de uno u otro lado los prejuicios y las sospechas de que actúa por mala fe o por intereses personales (no comunitarios) y no por convencimiento.
La estrategia de castigar al que piensa distinto (si está subordinado a mi mando) o de perseguir a quien lo haga, responde a la intención de implantar la autocensura, situación que responde al mecanismo interno del miedo y que busca paralizar. Así, muchos prefieren guardar silencio para evitar “tener problemas”, expresión nunca aclarada por quienes la deslizan y que puede implicar desde una represalia política, como la pérdida de un cargo o beneficio, hasta económica, como perder una licitación o sufrir una sorpresiva visita de los inspectores de la Dirección General de Rentas. De esta forma, en lo público se alega que no hay ningún acto de censura cuando, en realidad, en el momento en que reina el silencio no hace falta.
La autocensura no es consenso: es temor a la represalia. Quien calla no siempre otorga, pese a lo que asevere el dicho popular. Menos aún cuando los mensajes de advertencia de lo que puede pasar al rebelde son elocuentes y evidentes, nada sutiles.

El palacio y la calle
Las acciones del Gobierno en torno de la polémica sobre los edificios centenarios (consideradas erradas por los sectores movilizados) pueden ser modificadas todavía sobre la base de la efectiva participación democrática. La ausencia de un espacio intermedio entre el palacio de puertas altas y aire acondicionado a pleno y la calle agobiada por el calor, se suple con mesas de diálogo y de debate en procura de consensos.
Para ello, los aportes deben ser comunes. Los alejamientos de sus cargos de Jorgelina García Azcárate y de María Blanca Nuri poco ayudan, porque demuestran que el Gobierno procura unificar discursos y no gozar de los beneficios de las diferencias de criterio. El hecho de que sean cargos políticos es secundario, ya que la posibilidad de pensar distinto es previa a la asunción de una función pública y hace a la construcción de la propia personalidad. Lo ocurrido magnifica el peligro latente de que potenciar la autocensura sea la principal estrategia del Gobierno para una salida a la crisis que, en estos términos, sólo sería supuesta y ficticia.
Desde los sectores movilizados se reconoce la posibilidad de buscar opciones a la picota que sean superadoras de la idea de pedir lo imposible, negación de cualquier acuerdo. Se enfrentan al desafío de avanzar en la construcción de una estructura no partidista que los contenga como sujetos políticos y sintetice las ideas de la mayoría. Una tarea ardua, pero necesaria.