Los eslabones de un negocio a costa del Estado

La transferencia irregular de viviendas, sin autorización del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano se transformó en un negocio para muchos adjudicatarios de los planes habitacionales.
En el caso del barrio Congreso, por ejemplo, los adjudicatarios tuvieron que pagar $ 6.000 al resultar preadjudicatarios en ese plan habitacional.
Cada vivienda tiene un valor total de $ 60.000, de los cuales el adjudicatario ya pagó $ 6.000 antes mencionado (el 10% del valor total) y el 90% restante es financiado por el IPVDU en cuotas de $ 200 mensuales durante 25 años.
Hay casos, en ese barrio, en los que se ofrecen transferencias por un monto de $ 140.000; con lo cual el adjudicatario original recupera el 10% que pagó al principio, obtiene dinero por más del doble del valor de la propiedad y además transfiere la deuda con el Estado al nuevo titular que le compró la casa.
Los propietarios tampoco pueden utilizar la vivienda para uso comercial. Sin embargo, esta disposición tampoco se respeta. “En casi todos barrios, la gente instala un almacén o una verdulería, pero sabemos que la gente vive detrás resignando un espacio de su vivienda”, explicó Miguel Jiménez Augier.