"Venden su casa para instalar un quiosco o comprar un auto"

En el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) se calcula que alrededor de un 20% del total de los adjudicatarios procedió a transferir las unidades habitacionales en forma irregular.
Hasta ahora, durante la gestión alperovichista se entregaron unas 10.000 viviendas, según los datos que dio a conocer ayer el coordinador de política habitacional, Miguel Jiménez Augier. Es decir que unos 2.000 adjudicatarios ya vendieron sus casas en forma ilegal. "La persona que compra una vivienda aparece después de los cinco años para regularizar su situación dominial", explicó.
El funcionario remarcó que el IPVDU tiene conocimiento de esas irregularidades, pero que sólo puede sancionar al comprador, a través de un juicio de desalojo; mientras que el adjudicatario que vendió la casa no recibe sanciones. Aunque aclaró que la ley establece que no podrá ser adjudicatario -otra vez- hasta los próximos 10 años siguientes.
"Hay muchos motivos por los que un adjudicatario decide hacer una transferencia. No es que no necesite la vivienda, sino que prefiere generar ingresos: vende su casa para comprar un auto y trabajar de remis o instalar un negocio comercial como puede ser un quiosco", detalló.

Prohibiciones
Cada vez que un adjudicatario recibe una vivienda se firma el "Acta de Tenencia Precaria" que establece taxativamente, en su artículo quinto, que los adjudicatarios no podrán alquilar, vender, ceder o transferir la vivienda en forma gratuita u onerosa.
Uno de los casos más notorios en cuanto a transferencias irregulares se registra en el barrio Congreso, ubicado al noroeste de la capital (Ver "Los eslabones..."). Allí hay 448 propietarios de viviendas, de los cuales el 20% ya hizo transferencias irregulares.
Admitió que no existe un mecanismo para impedir las ventas. "Tenemos expedientes que demuestran, a través de un estudio socieconómico, que los adjudicatarios originarios si necesitan la vivienda, pero no podemos evitar las ventas", aseveró.