Confesión antes que castigo

La decisión del Gobierno de desplazar a la directora de Patrimonio Histórico y Antropológico de la Provincia, Jorgelina García Azcárate, por haber participado de las movilizaciones en defensa de inmuebles centenarios, es más una confesión que un castigo. Demuestra que sólo se puede ocupar un cargo en la Provincia mediante el encolumnamiento disciplinado y silencioso detrás de lo que decida el gobernador José Alperovich y que pensar en el disenso es una utopía en el entorno oficialista.
Reconocer al otro es darle entidad y respeto. Negarlo, por el contrario, implica intentar anularlo en su existencia y en sus opiniones. De nada importan los dichos públicos de que se pueden buscar alternativas superadoras (al decir de Juan Manzur) cuando los hechos mandan y hay sanciones al que no acata el mando superior.
La discusión de fondo ya no es (tal vez nunca lo fue) el destino que se le dará a un puñado de edificios. El eje central del debate que moviliza a buena parte de las entidades sociales intermedias pasa por el modo en que se toman las decisiones en el Estado y la posibilidad de incidir democráticamente en ellas.
Los ciudadanos que se congregan en la plaza Independencia rechazan una ley con las herramientas que tienen a mano. Ejercen sus derechos constitucionales a opinar; a peticionar a las autoridades; a manifestarse públicamente; a expresarse libremente. Ninguno de estos principios permite rechazar de plano las opiniones distintas; por el contrario, hay un consenso mayoritario en este sector de que se debe analizar caso por caso los inmuebles amenazados, y acordar la mejor propuesta para su subsistencia, preservación y mejoramiento. Esto indica la existencia de una voluntad de diálogo, que sólo puede darse cuando se sabe que quien está enfrente tiene motivos y razones distintas, que pueden ser contrastadas hasta alcanzar un consenso. Es la diferencia entre ver al otro como un sujeto pensante y con autonomía de criterio, y su anulación sobre la base del verticalismo del discurso único.