La echan por objetar la venta de edificios históricos

"Me pidieron la renuncia; me alejo del cargo. No comparten mi forma de pensar. Esto se debe a que participé de las dos marchas que se realizaron en defensa del patrimonio cultural de la provincia". Los conceptos son de la directora de Patrimonio Cultural de la Provincia, Jorgelina García Azcárate, que hará efectiva hoy su dimisión en el Ente Cultural de Tucumán.
La docente e investigadora del Instituto de Arqueología de la UNT manifestó, sin individualizar, que fueron "las autoridades" las que le pidieron que dejara su puesto en la función pública. Se desempeñaba como directora de Estado desde julio de 2004.
"Estoy convencida de que debemos manifestarnos con libertad. Estamos en democracia y hay que defender los bienes comunes a los tucumanos, se esté donde se esté. Desde mi cargo de directora de Patrimonio Cultural, no podía estar ajena", manifestó a LA GACETA.
"La democracia es participación: una partipación a la que no hay que temerle. Debemos sostener el Estado de Derecho: es tremendamente saludable", definió.

Conciencia plena
La profesional sostuvo que conocía perfectamente lo que arriesgaba cuando participaba de las manifestaciones que se realizan en la plaza Independencia, en contra de la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a vender inmuebles que, mediante la misma norma, fueron sacados del amparo del Sistema de Protección del Patrimonio Histórico y de los Bienes Arquitectónicos. "Pero esto tiene que ver con tomar una posición respecto de cuál es la ciudad en la que se quiere vivir. Si me llaman para actuar en favor del patrimonio común, no podía quedarme al margen", justificó.
A pesar de que conocía que una de las consecuencias de oponerse a la política oficial en favor de enajenar inmuebles centenarios podría desembocar en que la desplazaran de su cargo, García Azcárate advirtió que el pedido de renuncia no dejó de causar sorpresa ayer en su área. "Pero me alegro de que no lograran cambiar mi forma de pensar", sentenció.

Tragedia y memoria
La especialista ratificó su postura contraria a la enajenación de inmuebles históricos. "Si los protegen mediante una ley, no deben dictar otra para venderlos. En todo el mundo se protege la memoria edilicia de las ciudades, porque es una forma de pensar la provincia y el país. Pero hoy, eso se deja de lado aquí. La memoria se construye con estos elementos y la identidad consiste en rescatar el pasado.
García Azcárate aclaró que no está en contra de asignar nuevas funciones a los edificios históricos. "De ninguna manera me opongo a ello. Es más, creo que deberían ser compartidos con inversores particulares que garantizaran su preservación, porque el Estado no se hace cargo de los inmuebles del patrimonio cultural. Nunca pudo cumplir con su papel de responsable del mantenimiento de estas propiedades, y es el principal responsable de que hoy se encuentren en el estado en que están", advirtió.
"Es trágico borrar la memoria de un pueblo... La verdad, tampoco puedo seguir en el cargo pensando tan diferente al Gobierno", afirmó.