07 Enero 2008 Seguir en 
Por primera vez en la provincia, la Justicia Federal se encamina a dar lugar a una acción civil en contra de la contaminación ambiental.
El juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, dispuso la intervención del Ministerio Público Fiscal en un pedido de amparo que presentó Miguel Enrique Ibrahim en contra del ingenio La Trinidad, complejo industrial al que acusa de contaminar el aire y el agua con sus desechos y sus efluentes.
La importancia de esta causa radica en las consecuencias que puede tener en caso de comprobarse que el ingenio contamina el medio ambiente. Hasta ahora, los procesos vinculados con la problemática ambiental se restringían al fuero penal, que persigue la sanción de los transgresores a la ley. En este caso, en cambio, se busca que la situación se revierta. Es decir que, si la fábrica azucarera está contaminando, la Justicia puede obligarla a instalar los equipos necesarios a fin de garantizar que su producción sea limpia. Si ese fuera finalmente el desenlace del litigio, podrían iniciarse acciones similares contra el resto de los ingenios de la provincia.
Antes de hacer lugar al amparo que reclama Ibrahim, el magistrado dispuso convocar, en calidad de terceros interesados, a los gobiernos nacional, de Tucumán y de Santiago del Estero, y a las Defensorías del Pueblo de la Nación y de Tucumán. Los representantes de estas instituciones y las partes del proceso deberán presentarse en la audiencia que se realizará el 28 de marzo, a las 9.
Racedo también solicitó al Gobierno provincial o a la Secretaría de Medio Ambiente que informe si el ingenio La Trinidad presentó un plan que prevea la recomposición de los efluentes líquidos, sólidos y gaseosos y si el Estado realiza los controles correspondientes.
Asimismo, el juez pidió a las Facultades de Ciencias Exactas y de Bioquímica de la UNT que presenten una terna de profesionales con competencia para desempeñarse como peritos en materia ambiental, a quienes se consultará sobre la presunta contaminación de parte de la fábrica azucarera.
Insólita respuesta
Según trascendió de fuentes de los tribunales federales, causó un profundo malestar la respuesta enviada a Racedo por la Secretaría de Medio Ambiente cuando el magistrado le requirió informes en otra causa vinculada con la contaminación ambiental. La repartición respondió que el tema no era de su competencia sino de la división Fiscalización Ambiental del Siprosa y sugirió al juez que pida allí los informes que necesite.
LA GACETA informó ayer sobre la clausura preventiva del ingenio La Corona, ubicado en Concepción, ante el incumplimiento en el plan de obras que la empresa se comprometió a realizar para evitar que las chimeneas emanen partículas contaminantes. La clausura se produjo por falta de cumplimiento de lo pactado por la fábrica en el marco del Plan de Reconversión Industrial (PRI) que firmaron.
El PRI, que fue rubricado en octubre pasado por los representantes de 15 ingenios y siete citrícolas establece que las empresas deberán invertir $ 156 millones durante 24 meses para reducir el impacto de la contaminación.
El juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, dispuso la intervención del Ministerio Público Fiscal en un pedido de amparo que presentó Miguel Enrique Ibrahim en contra del ingenio La Trinidad, complejo industrial al que acusa de contaminar el aire y el agua con sus desechos y sus efluentes.
La importancia de esta causa radica en las consecuencias que puede tener en caso de comprobarse que el ingenio contamina el medio ambiente. Hasta ahora, los procesos vinculados con la problemática ambiental se restringían al fuero penal, que persigue la sanción de los transgresores a la ley. En este caso, en cambio, se busca que la situación se revierta. Es decir que, si la fábrica azucarera está contaminando, la Justicia puede obligarla a instalar los equipos necesarios a fin de garantizar que su producción sea limpia. Si ese fuera finalmente el desenlace del litigio, podrían iniciarse acciones similares contra el resto de los ingenios de la provincia.
Antes de hacer lugar al amparo que reclama Ibrahim, el magistrado dispuso convocar, en calidad de terceros interesados, a los gobiernos nacional, de Tucumán y de Santiago del Estero, y a las Defensorías del Pueblo de la Nación y de Tucumán. Los representantes de estas instituciones y las partes del proceso deberán presentarse en la audiencia que se realizará el 28 de marzo, a las 9.
Racedo también solicitó al Gobierno provincial o a la Secretaría de Medio Ambiente que informe si el ingenio La Trinidad presentó un plan que prevea la recomposición de los efluentes líquidos, sólidos y gaseosos y si el Estado realiza los controles correspondientes.
Asimismo, el juez pidió a las Facultades de Ciencias Exactas y de Bioquímica de la UNT que presenten una terna de profesionales con competencia para desempeñarse como peritos en materia ambiental, a quienes se consultará sobre la presunta contaminación de parte de la fábrica azucarera.
Insólita respuesta
Según trascendió de fuentes de los tribunales federales, causó un profundo malestar la respuesta enviada a Racedo por la Secretaría de Medio Ambiente cuando el magistrado le requirió informes en otra causa vinculada con la contaminación ambiental. La repartición respondió que el tema no era de su competencia sino de la división Fiscalización Ambiental del Siprosa y sugirió al juez que pida allí los informes que necesite.
LA GACETA informó ayer sobre la clausura preventiva del ingenio La Corona, ubicado en Concepción, ante el incumplimiento en el plan de obras que la empresa se comprometió a realizar para evitar que las chimeneas emanen partículas contaminantes. La clausura se produjo por falta de cumplimiento de lo pactado por la fábrica en el marco del Plan de Reconversión Industrial (PRI) que firmaron.
El PRI, que fue rubricado en octubre pasado por los representantes de 15 ingenios y siete citrícolas establece que las empresas deberán invertir $ 156 millones durante 24 meses para reducir el impacto de la contaminación.
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