El diálogo que el país reclama

El diálogo y el respeto por la diversidad de opiniones son virtudes fundamentales de la organización democrática, y el disenso, como el acuerdo, expresiones de la comunidad plural. “Nadie debe presumir de tener toda la verdad. Especialmente en los problemas básicos de la sociedad es necesaria la cooperación de todos”, expresó en su mensaje de Navidad el arzobispo de Tucumán, monseñor Luis Villalba. “Muchas veces se tiene una actitud excluyente que hace imposible el diálogo cordial”, agregó, entre otras consideraciones:
La homilía del prelado ha sido una reflexión muy oportuna cuando la vida pública de los argentinos transcurre por tiempos en los que la incomunicación entre representantes y representados tiene limitaciones más crecientes conforme se eleva el rango de las dirigencias. Por cierto, el arzobispo tucumano ha tenido una visión más amplia de esa crisis de la diversidad social, pero sin duda esta es fruto de la incapacidad de cumplir los deberes públicos de la democracia.
La reciente sucesión presidencial, ya que no del gobierno, cuya continuidad esencial se afirma en el propio discurso oficial, no ha dado señales hasta el momento de que esa realidad vaya a cambiar, por lo cual ni siquiera las dirigencias mantienen diálogos con el poder si no comparten a priori sus ideas y sus directivas. Poder que, como es notorio, se manifiesta con amplias concesiones del Congreso o elude decisiones adversas de la Justicia.
   Desde el relevo presidencial, a pesar de la serie de dificultades que presionan sobre la gestión inicial de Cristina Fernández de Kirchner y que afectan tanto la política interna como la externa, no se ha advertido propósito alguno de restablecer las relaciones con la oposición.
Se apela así a decisiones políticas momentáneas o de muy corto plazo que no son otra cosa que la negación de la política. La consecuencia son la rispidez y el rechazo con que los sectores de la oposición responden, en detrimento de las políticas de Estado por las que no pareciera estar preocupada la extremada gestión presidencialista. En la plenitud democrática suele ser el espacio parlamentario el que, por medio de las sucesiones parciales, asegura la continuidad institucional, pero no es el caso del actual Poder Legislativo, extremadamente concesivo de las decisiones personalistas del Ejecutivo.
Por todo ello, debe acogerse con satisfacción        que los dirigentes de la Unión Cívica Radical hayan hecho público su propósito formal de solicitar una audiencia a la presidenta de la Nación con el fin de proponerle un temario de interés general. En la propuesta figura la creación de un consejo económico y social con participación del Poder Ejecutivo, del Congreso, de los gremialistas y de empresarios. Otras iniciativas proponen la reforma del Código Procesal Penal para acelerar las causas referidas a derechos humanos y la eliminación del Impuesto a las Ganancias para las Pyme que reinviertan sus utilidades en bienes de capital. Se trata de una agenda inédita para analizar por parte de la oposición, que puede llegar a abrir un diálogo como el que está demandando la ciudadanía y comenzar a poner fin a un modelo de poder autonómico y por momentos autoritario, que afecta al sistema republicano y no consigue superar la incertidumbre de las emergencias. Ese paso podría ser uno de los mejores y más esperados por la comunidad nacional.