Acerca de la diferencia entre robar y saquear

El Gobierno (entendiendo como tal el Poder Ejecutivo y el Legislativo) decidió emplear el consenso que consiguió en las urnas para acumular poder y amasar prerrogativas.

Aunque hoy el verbo saquear es equiparado al verbo robar, el término, etimológicamente, fue acuñado en el orden militar. El saqueador era el hombre del saco. Propiamente, el “mozo de bagajes de un ejército”, según el diccionario Corominas. En el siglo XIV, era el sackmann, en Alemania. Antes, y con igual sentido castrense, el saccomanno, en Italia (1438). De hecho, el Diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es) conserva esa acepción y su primera definición de saquear es: “dicho de los soldados: apoderarse violentamente de lo que hallan en un lugar”.
En Tucumán, el Ejecutivo también distingue entre un verbo y otro. Lo hizo, públicamente, durante el angustiante domingo pasado, cuando dijo que se habían producido, en especial en varios puntos del Gran San Miguel de Tucumán, robos disfrazados de saqueos. Resulta reveladora esta diferencia oficial, porque, a la luz de las concepciones académicas, también cabe aplicar esta dicotomía a las políticas del segundo mandato de este Gobierno (entendiendo como tal el Ejecutivo y la Legislatura), que pasado mañana cumplirá, apenas, dos meses.
En rigor, no debe decirse sin pruebas que el Gobierno robe. Esa es una figura penal tan común como delicada, cuya manifestación debe estar en boca de la Justicia. Robar es, además, “tomar para sí lo ajeno, o hurtar de cualquier modo que sea”, según la RAE. En cambio, las leyes que el alperovichismo ha consagrado en estos 60 días bien pueden ser consideradas un saqueo. Específicamente, un saqueo del consenso social.
En agosto, el proyecto político del gobernador consiguió 520.000 votos. El 80% de los sufragios. El apoyo del 55% del padrón general de 950.000 votantes. Un consentimiento inédito, que además de legitimidad le dio 43 de las 49 bancas legislativas. Pero desde el pasado 29 de octubre, con la nueva composición de la Cámara en funciones, el alperovichismo decidió apoderarse de todo ese consenso para acumular poder y, con una violencia política expresada en el abuso de la mayoría parlamentaria (esa que para votar no oye más razones que las propias), mete en la saca oficial cuanta prerrogativa encuentra.

El cobrador que no paga
La presión tributaria sobre el contribuyente es salvaje. Se avanzó con el revalúo inmobiliario y se votó, a la par, un marco legal para volver a valuar, en breve, las propiedades, con criterios comerciales antes que fiscales. A la vez, se cedió a Rentas potestades que le permiten llevar a juicio a los tucumanos y quitarles sus pertenencias.
Ahora, el brazo recaudador se extiende a las comunas, de prepo, y a los municipios, por invitación. En violento contraste, los legisladores prorrogaron hasta 2009 la emergencia económica. Es decir, el Gobierno que manejó más de $ 15.000 millones durante su mandato anterior decidió que, al revés de lo que exige, no pagará sus deudas, porque suspende los juicios de ejecución de sentencia y mantiene inembargables sus bienes.
Como complemento, ampliaron para 2008 los superpoderes. La Secretaría de Hacienda podrá hacer y deshacer partidas, mientras el mandatario dispondrá de $ 1.200 millones para transferencias discrecionales. De paso, aprobaron sin más datos que un par de carillas los montos globales de los Presupuestos 2009 y 2010, así, en el futuro, la Legislatura puede ocuparse de temas clave, como aplaudir los subsidios para los clubes de fútbol, en lugar de perder el tiempo discutiendo sobre la plata del pueblo.

Los cheques en blanco
Con este criterio de que los fondos públicos no son del público, también se autorizó al gobernante a negociar las ayudas financieras de la Nación hasta 2011, sin que deba explicar bajo qué condiciones conseguirá los recursos. En esta senda siguen el aval para que la Provincia tome préstamos a corto plazo si hay “insuficiencias de caja”. Y el permiso para que, a su vez, la Provincia sea prestamista de comunas y municipios cuando estos se queden sin plata, sin importar la razón. Es decir, más dinero tirado al agujero negro del erario que son las administraciones del interior.
Es curioso que el Gobierno prevea que puede no tener plata, cuando montó una operatoria en la cual la obra pública que hacen constructoras privadas se encaran con fondos privados de préstamos bancarios cuyos intereses pagará el Estado con fondos públicos. La Provincia, además, es garante de los $ 180 millones de esos créditos.

Lo dibujado y lo desdibujado
Todo esto ocurre a pesar de que el manejo del gasto público es desastroso. La deuda pública, en abril, llegaba a $ 4.300 millones. El año pasado hubo $ 120 millones de déficit. Al de 2008 le dibujaron un superávit de $ 32 millones, que se conseguirá porque el Gobierno dice que hará economías por $ 195 millones. Una expresión de anhelo que oculta que iniciamos el año que viene con un déficit de $ 163 millones.
Será imposible averiguar por qué aparecen semejantes rojos pese al dineral que ingresa desde 2003, porque el vicegobernador disolvió la comisión creada por su antecesor para investigar las 140 objeciones del Tribunal de Cuentas a los gastos de 2005. De paso, en otra suerte de homenaje a Fernando Juri, Juan Manzur retiró las demandas con las que se buscaba que la Justicia diera como válidas las leyes que dan autarquía financiera a la Justicia y a la Legislatura; que castigan las prácticas clientelísticas; que implementan el voto electrónico; que normalizan los organismos intervenidos, y que -nada menos- otorga el 82% móvil para los jubilados transferidos. Debe reconocérsele coherencia al Gobierno: su desprecio hacia los mayores se prolonga en la rifa del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico que ellos dejaron.
El saqueo del consenso social es el síntoma que denuncia la deuda con el aprendizaje democrático. Los gobernantes no saben convivir con el otro. Por el contrario, ordenan vivir como ellos disponen. Y eso sí es robarle a la democracia.