Crisis del mito de los subsidios

El Gobierno nacional ha debido optar finalmente por un plan de ahorro de energía para hacer frente al progresivo crecimiento de la demanda, en una tardía decisión provocada por las presiones políticas del tiempo electoral. El cambio del huso horario es seguramente la medida más significativa con el fin de adecuar la jornada laboral con el tiempo diurno, amén de otras condiciones que estarán vigentes desde el 30 del corriente hasta el 16 de marzo. “No me gusta hablar de ahorrar, porque indica restricción”, expresó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tratando de justificar el eufemismo utilizado en el anuncio oficial -eficientizar-,  cuando en verdad la decisión es la correcta e implica un reconocimiento de la realidad procurando poner fin a la incertidumbre. La contracara de ese plan de ahorro es sin duda que la estrategia voluntarista del ajuste de la demanda se trate de compatibilizar con las tarifas residenciales, por lo que deberá actuarse en ese punto con una racionalidad que el poder político no tuvo durante el prolongado período en que la realidad económica fue saliendo de la crisis. Al Gobierno nacional, como a los provinciales que acompañaron disciplinadamente ese error, les faltó durante demasiado tiempo un sentido del largo plazo y optó por tratar de seducir a la sociedad con una visión ficcional del problema que ahora irrumpe con la verdad y una factura de alto costo: la crisis de la energía.
La moneda tiene dos caras, pero su valor real requiere de la combinación de ambas, un principio ineludible que el discurso oficial eludió mientras estimulaba el consumo provocando una adquisición de artefactos eléctricos sin contar con la capacidad de generación proporcional y las reservas hidroeléctricas de Alicurá y el Comahue quedaban por debajo del mínimo nivel durante el pico de demanda invernal.
El ahorro del plan anunciado está estimado en un 14 %de la demanda histórica y el prolongado plazo con que se produce no haría racionalmente posible un ajuste proporcional de tarifas por las diferencias acumuladas entre la realidad y la ficción, por lo cual deberá mantenerse la política de precios subsidiados para evitar una nueva crisis con efectos sociales.
Los subsidios con que el Gobierno nacional financia la diferencia entre el valor real de los servicios y el costo para los usuarios, en lugar de una excepcionalidad se han convertido en la parte más oscura del gasto público, cercado por el manejo de superpoderes sin el debido control del Congreso.
Testimonio de esa circunstancia es la situación del transporte, que tomó estado público a la vez que el anuncio del plan de energía. En este caso, inclusive, se produce la situación paradojal de que el Estado paga más subsidios a los ferrocarriles privados que cuando estaban bajo su égida.
Lo mismo ocurre con el transporte de colectivos urbanos, generándose una precariedad que no se condice con la realidad económica y contribuye a la presión inflacionaria disimulada por el Indec pero ostensible en las góndolas.
El país deberá hacer un gran esfuerzo para desenvolverse en la realidad, pero es condición previa que los responsables de los poderes públicos tomen conciencia del extraordinario valor político de la verdad, especialmente blanqueando las zonas oscuras que impiden avizorar un futuro confiable.