Cartas de lectores

PATRIMONIO (I)
En su última sesión del año, la Legislatura provincial derogó la Ley 7.535 de Patrimonio Provincial, por lo que de ahora en adelante los inmuebles históricos y culturales pueden ser vendidos. Esta derogación vulnera directamente la memoria y la identidad de todos los tucumanos en pro de la “modernidad” y en beneficio exclusivo del libre mercado. Es terrible que permitamos que quienes nos representan puedan manipular nuestra memoria, nuestros lugares comunes y todo lo que nos identifica. No debemos continuar avalando la deformación de nuestra ciudad ni permitir que el Gobierno provincial no se haga responsable del cuidado del patrimonio. Hace años que venimos sistemáticamente destruyendo nuestro patrimonio material. La cantidad de casas de principios de siglo que fueron demolidas es un testimonio de la crisis económica, de la falta de identidad, la negación de la memoria. Basta ver algunas fotos históricas, e incluso algunos años atrás, para percatarnos de los grandes cambios que sufrió nuestro paisaje urbano sin una planificación precisa. Nuestros representantes justifican estas medidas en el “beneficio comunitario”, mientras tanto se empeñan en destruir aquello que nos es propio e identifica como tal. La defensa de la memoria es un problema de todos, y no una bandera de partidos políticos que ahora pretenden reivindicarla, pero que hace unos años fueron los agentes directos de su destrucción.



PATRIMONIO (II)
El peor destino que podría tener la manzana comprendida entre Salta, avenida Sarmiento, Santa Fe y Junín es que en ella se construyeran más edificios. Lo que esta ciudad necesita son espacios verdes, tal como lo señaló este año un urbanista español que visitó la provincia. Nuestra capital tiene la mitad de los espacios verdes que necesita, dada su población. No se precisa mucha creatividad para advertir que de la construcción de moles de hormigón ya se encarga el sector privado. La manzana en cuestión transformada en una plaza, o refaccionados sus edificios y destinados a centros culturales realzaría una de las mejores zonas de la ciudad, y se integraría al complejo Casino-Colegio Nacional-Plaza Urquiza. En los países civilizados los gobiernos expropian (hacen públicos) predios privados para beneficio de la comunidad. Nosotros queremos hacer privados bienes públicos, ¿para beneficio de quién? Lo que la ciudad ganaría a largo plazo en beneficios turísticos y ciudadanos excedería largamente el valor de los montos resignados por su posible liquidación. Estimándose el valor de esta manzana en U$S 10 millones, se trata de menos del 1% del gasto anual del Gobierno, lo que significa un porcentaje despreciable a cambio de un bien que se libera para todos los ciudadanos de hoy y del futuro. Los habitantes de esta ciudad esperamos un destino mejor para los bienes públicos, ya que nos pertenecen.



IMPUESTO INMOBILIARIO
¿Por ventura el gobernador cree que con los míseros sueldos que percibe la mayoría de los asalariados se podrá afrontar el gasto que significa el monstruoso incremento del impuesto Inmobiliario? La comunidad tucumana sufre nuevamente un ataque a su bolsillo, de por sí deprimido por la inflación reinante. ¿Hasta cuándo soportará este aumento agresivo del PE? Es hora de reflexionar y permitir que el pueblo pueda cumplir con estas obligaciones sin ajustar en forma alarmante los montos de los impuestos. Solamente empresarios y políticos están en condiciones de asumir estos drásticos aumentos, ya que sus ingresos les permiten. Sería loable que salgan y visiten los barrios periféricos de la ciudad y del interior para que comprendan que hay mucha gente necesitada. A las autoridades les pido que no le exijan al pueblo más de lo que este puede dar.


DISCAPACIDAD
Con respecto a la nota publicada el 16/12 respecto de los discapacitados y de las denuncias por discriminación por parte de las empresas de transporte, quisiera hacer algunas aclaraciones. Con respecto a lo expresado por Marcos Sotelo, no es cierto que haya demoras de ocho meses en la entrega de certificados de discapacidad, ya que la Junta Evaluadora tiene un programa mucho más ágil para la entrega de esos documentos. Además, se constituye cada 15 días en Concepción y cuenta con una junta itinerante para la evaluación de los casos. Por otro lado, la ley provincial vigente es la Nº 7.494 -vigente a partir de enero de 2005- y no la 24.314 como erróneamente se consigna. Por último, en lo que respecta a lo expresado por mí, en dicho artículo se extrajo la parte donde mencionaba que todas las unidades de transporte automotor en Buenos Aires son de piso bajo y hay 3.600 unidades accesibles. También digo que lo que señala el contador Orel de la Aetat es completamente falso en cuanto al costo de pase para discapacitados. No hace mención al pasaje gratuito para otras personas como policías, por ejemplo, y las unidades mencionadas en Buenos Aires y en otras provincias cuestan exactamente el mismo que una común. No tienen excusas para no cumplir con la ley.



JURISDICCION
Vecinos de La Rinconada y de El Cargadero (dos parajes de la provincia) no saben dónde viven desde que se ha promulgado la Ley 7.947. Como consecuencia de lo que establece esa norma, no saben si pertenecen a Lules o a Yerba Buena, ni si viven en la comuna de El Manantial o en el municipio de Yerba Buena. Tampoco tienen en claro ante quién tienen que quejarse por la falta de servicios o a quién deben abonar las tasas. Todo esto se da como consecuencia del apresuramiento con que se manejó la Legislatura de la Provincia en relación con la Ley 7.947, que pretende modificar los límites entre Yerba Buena y El Manantial. La norma es impracticable por cuanto el texto de la descripción de los nuevos límites resulta imposible de ser replanteado en el terreno o en un mapa. El problema que esta ley ha generado tiene obstaculizados no sólo a los vecinos de esos parajes que comprenden el pretendido cambio de límites, sino también a las autoridades de competencia, por cuanto no se sabe con qué cantidad de contribuyentes cuentan. En mi opinión, antes de cambiar los límites de una comuna o de un municipio, deberían modificarse en primera instancia los límites departamentales involucrados.



82% MOVIL
Con llamativa celeridad, el gobernador consiguió mediante un DNU que la Caja Popular de Ahorros le prestara a los jueces -a bajo interés y en un plazo a 10 años para pagarlo- un crédito, a los fines de que los magistrados en condición de jubilarse solucionen sus aportes con la Anses. Ante esta situación le reclamamos al gobernador, por estricta justicia y con la misma celeridad, el reconocimiento y pago del 82% móvil para los jubilados transferidos que aportamos toda una vida para acceder a este beneficio, no concretado caprichosamente hasta ahora por el mandatario.