La presión fiscal asfixia al contribuyente

En su última sesión, la Legislatura sancionó la prórroga de Emergencia Económica, es decir que hasta diciembre de 2009 las cuentas del Estado provincial seguirán siendo inembargables, incluso en el caso de juicios con sentencia firme que habiliten a cobrar deudas públicas. Hace 16 años, durante la intervención federal de 1991, se dictó esta norma, y se la mantuvo hasta la actualidad. La disposición también mantiene los efectos del canje de la deuda, con el fin de que los tenedores de títulos no realicen planteos judiciales contra el Estado y, a la vez, otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de seguir pagando deudas con la emisión de títulos.
Esta es la administración provincial que más dinero ha recibido del Gobierno nacional en las últimas décadas; sin embargo, el endeudamiento supera los $ 4.200 millones. Por otro lado, la Legislatura facultó al Poder Ejecutivo a gastar $ 5.000 millones en 2008 y a cobrar las tasas municipales y comunales. Si se tiene en cuenta el notable aumento de los impuestos provinciales (Inmobiliario, Automotor) que incrementa la presión fiscal sobre los ciudadanos, más la intención de vender edificios que forman parte del patrimonio cultural de los tucumanos, el Estado volverá a tener un superávit en sus finanzas.
Quienes seguramente no podrán gozar de la prosperidad gubernamental serán los contribuyentes que ya han comenzado a recibir las boletas del Impuesto Inmobiliario con un incremento de entre el 30 % y el 150 %, mientras que la suba proyectada en el Automotor es de alrededor del 15 %. Similar porcentaje, se prevé en marzo próximo en la tarifa del servicio de agua potable, y hasta del 24 % será en la de energía eléctrica. Tampoco debe descartarse un reajuste en los alquileres, estimado en un 15%.
En nuestro suplemento de Economía y Finanzas, un tributarista afirma que la carga impositiva es exorbitante. Indica que desde hace tiempo se viene reajustando la alícuota, a causa de que no había revaluaciones, y ahora que esta ya se realizó, no la bajan. A diferencia de lo que puede suceder con las tarifas, en materia impositiva, los contribuyentes poco y nada pueden hacer frente a tantos aumentos, porque en Tucumán no existe un Tribunal Fiscal independiente, de manera que el contribuyente vive en un estado de indefensión.
Un economista advirtió que el riesgo que se corre es que las alícuotas impositivas sean altas y que haya menos actividad. De ese modo, habrá menos gente que cumpla con sus obligaciones, no porque no quiera, sino porque no podrá abonar todos los tributos. Si el incremento salarial no acompaña en forma urgente este impuestazo generalizado, miles de familias tucumanas se verán obligadas a prescindir de gastos considerados suntuarios para destinar ese mismo dinero a otros gastos adicionales. Los más afectados serán aquellos cuyos haberes apenas superan el costo de la canasta familiar y los jubilados que aún no logran percibir el 82 % móvil que les corresponde por ley y que el Gobierno no les abona, pese a su bonanza financiera.
Todo Estado se mantiene con el aporte de los contribuyentes. En los países desarrollados, el ciudadano que no abona sus impuestos puede ser condenado a prisión. Pero también es cierto que en esas sociedades, los salarios son más que dignos y no van detrás de la inflación o de los impuestazos. Por otro lado, si el dinero recaudado por los tributos no redunda en un mejor nivel de vida, el Gobierno no está cumpliendo con su obligación primordial. Parece que los argentinos y, en particular los tucumanos, estamos condenados a vivir para trabajar y pagar los impuestos, y no a trabajar para vivir.