Saludable respuesta a los actos de violencia

La proximidad del fin de año está registrando situaciones insólitas que no se corresponden con la realidad del país y que, más que consecuencias del ejercicio de derechos a peticionar implican un desprecio de los intereses generales de la sociedad. Los episodios más inmediatos se produjeron en la ciudad de Buenos Aires y en otros centros urbanos cuando una veintena de grupos con escasa representatividad invocó la recordación de los violentos hechos que hace seis años provocaron la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa. No fue un acto para recordar aquellas víctimas merecidamente, sino la reproducción cabal del histórico escenario, exhibiendo una impunidad amenazadora. En la jornada precedente, la Unión Obrera de la Construcción bloqueó el tránsito simultáneamente en 49 lugares estratégicos del distrito federal, para reclamar seguridad de vida de trabajadores del gremio en tareas específicas. Sin duda que tal sincronización de esos cortes requirió una prolija organización para producirse y tener fin con la precisión demostrada. La protesta de la Uocra pudo haberse evitado si la justa demanda pretextada se hubiera expuesto en su acto celebratorio que dos días antes contó con la Presidenta de la Nación y otros funcionarios. A propósito de este hecho, el jefe del Gabinete nacional Alberto Fernández expresó: “en algún momento cuando quisieron hacer notar sus debilidades pudieron ser entendidos, pero ahora, en una democracia plena, donde cualquiera que se manifiesta tiene los medios de comunicación a su alcance para expresarse, es un método poco racional y absolutamente descalificable”.
Un hecho sin precedentes de violencia deliberada se produjo en la ciudad de La Plata, donde medio centenar de piqueteros irrumpió en el Ministerio de Desarrollo Humano y, con virtual secuestro de sus empleados, destruyó las oficinas de dos pisos, equipos y archivos, hasta que la Policía bonaerense forzó el desalojo de los ocupantes. Los invasores fueron posteriormente detenidos pero recuperaron rápidamente sus libertades. Ante tal circunstancia el gobernador Daniel Scioli exclamó en el lugar del hecho que “en cualquier lugar del mundo a alguien que entre en un edificio público con armas y bombas ¿no le habrá de pasar nada?”. La indignación hizo reaccionar a la Justicia, pero el problema ha sido hasta el momento que el jefe del piquete de  asaltantes dejó  domicilio falso. Como en el caso de la Uocra, también en esta ocasión se manifestó severamente el jefe del Gabinete: “estas cosas no tienen que pasar entre los argentinos, la acción violenta de un  lado o del otro. Las organizaciones sociales tienen que contribuir a la convivencia para construir el país que necesitamos”.
Son muy reconfortantes esas reacciones oficiales que finalmente advierten que tales manifestaciones de violencia, cualesquiera que sean sus demandas, conspiran contra el orden de libertades públicas establecido por la Constitución cuando precisa que el “pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades” calificándose el delito como sedición (Art. 22). Cuando se compromete recuperar la calidad institucional tras una prolongada crisis de la seguridad y de los derechos públicos deben ser muy bien venidas esas inquietudes oficiales, esperándose que tal rumbo normalizador supere el discurso político oportunista. Hace ya años que la comunidad nacional superó el estado de asamblea para que deba tolerar esos resabios de anarquía y anomia que tanto afectan a la imagen argentina.