Las lecciones que dejó diciembre de 2001

Desde el año 2001, la semana del 20 de diciembre ha dejado en el imaginario del argentino medio huellas profundas, que marcaron un antes y un después en la relación entre la dirigencia política y la gente. Una de las transformaciones más profundas, puestas en evidencia en las sucesivas elecciones que se realizaron desde entonces, fue la autonomía de la gente respecto de los tradicionales mandatos partidarios.
Según algunos analistas, los cacerolazos de hace seis años fueron una rebelión instrumental, más que cívica. Argumentan que fue la sensación de la clase media de que le habían tocado el bolsillo -el llamado “corralito”- la que habría motivado esos alzamientos, ocurridos en especial en las zonas más urbanizadas.
Como repaso de aquel diciembre fatídico también se imponen las imágenes de saqueos en las áreas por entonces más castigadas de país. Tucumán no fue la excepción, en particular en los municipios de Alderetes y Banda del Río Salí. A la distancia, algunas interpretaciones sostienen que aquellos saqueos fueron un “armado” del peronismo para derrocar a un más que debilitado Fernando de la Rúa. Hasta aquí, un poco de memoria.
Seis años después, el escenario institucional en la Argentina parece otro. Pero llegó el 20 de diciembre con nubarrones. Otra vez, la ciudad de Banda del Río Salí fue un confuso escenario de violencia, que para el gobierno fue “un hecho policial”, y para “otros”- un enunciatario anónimo- fueron saqueos. Dicen los historiadores que si al pasado se lo “lee correctamente”, este puede iluminar el presente.

Diferencias
El gobernador, José Alperovich, sabe que hace menos de un año tenía a una gran parte del peronismo en la vereda de enfrente, pese a lo cual ganó cómodamente las elecciones de agosto. Un par de meses después, en octubre, su poder ya no alcanzó para instalar a Silvia Rojkés de Temkin en la Cámara Baja. Y en cuatro años más habrá elecciones para la renovación de gobernación, de lo cual se infiere que las lealtades del peronismo se irán fraccionando de a poco. En otras palabras, Alperovich sabe -intuye- que tiene muchos enemigos internos dispuestos a fogonear los fantasmas de los saqueos en el segmento de la sociedad que hasta ahora le ha venido dando los votos.
Con la clase media es otro el cantar, porque nunca hubo un romance público entre Alperovich y ese sector. Y, otra vez, vale recordar aquello de que una correcta lectura del pasado permite iluminar el presente. Como ocurrió hace seis años con los protagonistas del cacerolazo que se sintieron esquilmados por el “corralito”, la revaluación del impuesto inmobiliario (y municipal) ahora impactó en el humor de la clase media tucumana, tanto en la que tiene capacidad de pago como en la que vive al día con un sueldo magro o mediano, según el caso.
Al impacto del impuestazo se suma ahora la desafectación de seis inmuebles- entre los cuales están los edificios de Rentas y de la Secretaría de Educación- a la ley de Patrimonio cultural y arquitectónico, y la sensación de que el alperovichismo no cejará hasta desprenderse de otros edificios señeros, como el de la Escuela Normal o el del ex Banco Provincia, en San Martín y Laprida. Si el romance con la clase media era esquivo, ni qué hablar ahora, cuando parte de ese sector -no todo, sino el que de algún modo genera opinión- reclama porque le han tocado el bolsillo -su patrimonio privado- y porque ve amenazado su espacio público.
En rigor, el espacio público tucumano está amenazado desde hace mucho tiempo. En la sesión del jueves, la legisladora Carolina Vargas Aignasse puso como ejemplo de modernización respetuosa del pasado el paseo del Patio Olmos, en Córdoba. Cierto. Pero el Patio Olmos es apenas un elemento en el marco de una política patrimonial mucho más abarcativa, en la que un shopping es apenas un elemento del conjunto. El problema es que la movida de desafectación del patrimonio arquitectónico tucumano sólo parece una embestida de desguace de los bienes inmuebles del Estado, con el objeto de generar obra pública, segun dijo Alperovich.
Como contraparte, las autoridades de la UNT argumentaron que revalorizarán la antigua casa Remis, donde funciona la Facultad de Derecho, porque quieren ayudar a que la ciudad de Tucumán mantenga algunas de sus viejas señas de identidad.
Si se profundizara más aún la desafectación de inmuebles del  Estado, convendría hacer un esfuerzo de imaginación, para pensar qué ciudad quedará después de esa embestida inmobiliaria. ¿Una ciudad de shoppings y de supermercados? Se corre el riesgo de que Tucumán se convierta en una ciudad que se ocupa de los consumidores, pero que se olvida de los ciudadanos, como diría el antropólogo Néstor García Canclini.