El Gobierno millonario que vive en la emergencia

Récord es la palabra de moda y es eso lo que se evidencia cada vez que se analiza el resultado de la recaudación. Pocas veces un Gobierno tuvo el escenario económico y financiero como la actual administración del gobernador, José Alperovich. Por más que la ejecución presupuestaria muestre un equilibrio fiscal hasta el lunes 31, en el pensamiento colectivo quedará la sensación de que se está frente a un Gobierno millonario.
Sin embargo, en el Ejecutivo se intenta mostrar otra imagen: la de una gestión que necesita vivir en emergencia permanente, sencillamente porque teme a diario que se traben embargos sobre las cuentas públicas. Como un deudor en problemas, el Gobierno pone a la venta las últimas joyas de la abuela. Más que pensar que se trata de patrimonio arquitectónico, el alperovichismo los considera edificios vetustos, pero con buenos réditos para el erario si son transferidos. Parecen pensar que un moderno shopping es más redituable para el Estado que refaccionar esos históricos inmuebles para convertirlos en museos o en oficinas públicas. No toman en cuenta que ese patrimonio forma parte de la identidad de la ciudad.
Hay funcionarios de dos áreas (Educación e Interior) que administran más del 50% del presupuesto que no tienen un espacio físico fijo y definitivo para desempeñar sus actividades.  
El Poder Ejecutivo se escuda en que, detrás la ley de emergencia, resistente a ciclos económicos expansivos y recesivos, está el peso de cargar sobre los hombros un endeudamiento que supera los $ 4.200 millones. Y que, sin esa norma, la Provincia quedaría expuesta al pago inmediato de no menos de $ 400 millones, tanto por juicios con sentencia firme como por reclamos administrativos.
Aún no existe un efectivo plan para reducir la deuda pública. Los funcionarios, generalmente, sostienen que, mientras no se genere el superávit fiscal suficiente para poder abonar capital e intereses, no habrá chances de una reducción efectiva de la deuda provincial. En otras palabras, Tucumán está destinada a ser deudora quién sabe hasta cuándo. Más aún, le seguirá pidiendo plata a su acreedor privilegiado: el Gobierno nacional. Por las dudas, ya gestiona un préstamo de $ 400 millones para atender los compromisos que vencen en 2008.
El PE corona un nuevo año de acumulación de recursos y de superpoderes. La Legislatura le dio facultades para gastar $ 5.000 millones en 2008, y hasta cobrar, incluso, las tasas municipales y comunales. A su vez, el Ejecutivo, por decreto, se facultó a exigirles a los comisionados rurales la presentación de balances financieros, so pena de ser intervenidos. A los intendentes también podría pasarles lo mismo. Ser beneficiario de un fondo fiduciario tiene su costo económico y político. En los activos del Estado figura una partida de $ 890 millones, como préstamos otorgados a largo plazo (a los intendentes). Más que contribuir a la eficiencia tributaria en los municipios, el cobro por parte de Rentas de las tasas constituye una suerte de garantía de recupero de los recursos prestados y, además, falta de autonomía política.  
El año que viene será difícil para la gestión de Alperovich. Después de los anuncios de suba tarifaria y de impuestos, el gobernador ya no tiene el consenso del que dispuso el 26 de agosto, cuando fue reelecto por más del 78%. Para la población no existe un órgano más sensible de su cuerpo que el bolsillo.