Reprobable omisión del Congreso

Ambas cámaras del Congreso resolvieron declarar con amplia mayoría oficialista el “más absoluto repudio al agravio provocado a la Nación y a su presidenta, Cristina de Kirchner” por la actuación de los Estados Unidos en relación con el escándalo de la valija con casi U$S 800.000 en un avión oficial. Tanto los senadores como los diputados que aprobaron la severa declaración, tal cual surgió de la totalidad de sus discursos, tan sólo apelaron en sus razonamientos a manifestaciones públicas de la Presidenta y de funcionarios del Gobierno, en las que los términos “operación  basura” y “conspiración” contra los intereses del país no tuvieron otro basamento que su expresión literal. Ambas cámaras parlamentarias rehusaron con ello el deber constitucional de control que les exige conocer las razones de actos conflictivos de gobierno mediante pedidos de informes o interpelaciones a sus integrantes. En este caso, y como los sectores de la oposición propusieron sin éxito, se trataba del canciller, del jefe del Gabinete de Ministros y del ministro de Justicia y Seguridad. En consecuencia, el Congreso hizo suyas las imputaciones discursivas de un debate escandaloso, en el que las responsabilidades mayores siguen en la bruma de enfrentados testimonios y sospechas. La circunstancia de que el conflicto sobre el contrabando de esa suma de dinero en un avión oficial involucre a tres países, bien habría valido esa indagación parlamentaria para orientar su aclaración. Sin embargo, se ha optado por contribuir al agravamiento de las relaciones con Estados Unidos, dejando la sensación de que se trata de un rumbo coyuntural de la política exterior del país.
Más allá de las consecuencias sobre las relaciones con Estados Unidos por esa contribución parlamentaria al polémico conflicto, en la declaración de la mayoría se ha puesto en evidencia una vez más el alto grado de correspondencia del Congreso con las directivas del Poder Ejecutivo. En ese sentido ni siquiera fue necesario que la Presidenta de la Nación mantuviese un intercambio de opiniones con los dirigentes de los bloques oficialistas. “No necesitamos explicar nada porque acá somos víctimas de estos acontecimientos”, expresó testimonialmente el titular del bloque se senadores gubernistas Miguel Pichetto, quien ya sostuvo en la famosa ocasión que estaba en su banca para aprobar lo que el Poder Ejecutivo ordenase. Debe señalarse que si la mayoría considerase que los debates plenarios podrían reducirse a tratamientos de comisiones por razones de seguridad, ello sería posible y preservaría la dignidad institucional del Congreso. Si embargo, ni siquiera tal alternativa pudo intentarse en el presente caso, a pesar de que el oficialismo dispone de una mayoría sin precedentes desde la restauración constitucional. Finalmente, esa declaración parlamentaria, como la reciente renovación de la ley de emergencia económica, han demostrado que si hay cambios, ellos no alcanzarán al Congreso.
La finalidad que pueda haber tenido esa posición oficialista que confunde nuestra política exterior es incierta, pues no se advierte en ella estrategia alguna destinada a eludir el conflicto de unas relaciones que la actual Presidenta de la Nación estaba anticipando como promisorias antes de asumir su mandato.
Por lo demás, la colaboración en el esclarecimiento del conflicto agravado por el Congreso por causa de notorias directivas presidenciales, debería ser el cauce más propicio, sin afectar por ello la soberanía nacional. Está faltando, pues, un hecho, que transparente el rumbo elegido.