20 Diciembre 2007 Seguir en 
Hemos informado acerca del conflicto planteado entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y los remiseros del interior. Estos últimos sostienen que nuestra comuna los persigue cuando trabajan en su jurisdicción, a pesar de que se limitan a traer pasajeros. Otros, directamente, piden que se los deje trabajar tranquilos, lo que implica admitir que efectivamente levantan pasajeros en el radio de la capital. Como se sabe, se llevó a cabo recientemente un corte de protesta en el puente Barros y se produjo una gresca en el centro por estos motivos.
Del lado de la Municipalidad capitalina, se arguye que los municipios no cumplen con el envío de una lista de automotores autorizados y que los conductores no colocan el cartel “fuera de servicio” cuando dejan un pasajero en la ciudad; tampoco exhiben la orden de servicio. Tales deficiencias, expresan, son contradictorias con lo que se había acordado con esas jurisdicciones. Por su parte, los taxistas de San Miguel de Tucumán se quejan de la competencia, que consideran desleal, de los conductores que no han cumplimentado ninguno de los esfuerzos económicos -incluido, a veces, cambio del modelo- que ellos afrontaron para legalizarse.
Mirando el asunto con ánimo de objetividad, hay que reconocer, como es obvio, que cada municipalidad tiene autoridad exclusiva dentro de su jurisdicción y que las normas que dicta deben ser cumplidas por todos. Es decir que el remisero del interior no puede levantar pasajeros en la capital y que para circular -sea de ida o de regreso- debe llenar los requisitos establecidos.
Aunque pueda sonar comprensible que, para no volver vacío al sitio de origen, acepte pasajeros, es innegable que de esa manera se coloca fuera de las ordenanzas y se expone a controles y sanciones a los que no es lícito denominar “persecución”. Esto, ciñéndonos al marco de la ley, que debe regular todo servicio municipal.
Pero es evidente que el problema requiere ser enfocado en su contexto y con una tesitura realista. Varias veces hemos insistido en esta columna sobre la necesidad de unificar los criterios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y de sus similares del interior de la provincia, tanto acerca de temas relativos al transporte de pasajeros en autos y remises, como de otros vinculados al rubro, por ejemplo, la expedición de registros para conducir. No se debe olvidar que hay implicada también una cuestión de seguridad, ya que en la mayoría de las jurisdicciones del interior a los remiseros no se les exigen prácticamente recaudos para trabajar. Vale la pena recordar que, años atrás, inclusive se creó un Foro de Transporte para discutir estas cosas, ente que no llegó a funcionar.
Nos parece que estamos ante un fenómeno que tiene un incidencia social lo suficientemente significativa como para que resulte urgente una mesa de diálogo entre las comunas. Mesa donde se tomen decisiones razonables acerca de esta modalidad de transporte que ha adquirido, por diversas razones, una extraordinaria difusión. De ese diálogo debiera salir una unificación de las normas relativas a taxis y remises, de manera que estas sean iguales en todo el territorio provincial, más allá de su división en municipios.
De esa manera terminarían conflictos que son muy frecuentes y que el transcurso del tiempo no hará más que agravar si no se los encara con un criterio distinto.
Cada día hay más gente que utiliza servicios de esta índole, en la capital y en el interior. Un marco regulatorio idéntico parece indispensable a esta altura de las cosas.
Del lado de la Municipalidad capitalina, se arguye que los municipios no cumplen con el envío de una lista de automotores autorizados y que los conductores no colocan el cartel “fuera de servicio” cuando dejan un pasajero en la ciudad; tampoco exhiben la orden de servicio. Tales deficiencias, expresan, son contradictorias con lo que se había acordado con esas jurisdicciones. Por su parte, los taxistas de San Miguel de Tucumán se quejan de la competencia, que consideran desleal, de los conductores que no han cumplimentado ninguno de los esfuerzos económicos -incluido, a veces, cambio del modelo- que ellos afrontaron para legalizarse.
Mirando el asunto con ánimo de objetividad, hay que reconocer, como es obvio, que cada municipalidad tiene autoridad exclusiva dentro de su jurisdicción y que las normas que dicta deben ser cumplidas por todos. Es decir que el remisero del interior no puede levantar pasajeros en la capital y que para circular -sea de ida o de regreso- debe llenar los requisitos establecidos.
Aunque pueda sonar comprensible que, para no volver vacío al sitio de origen, acepte pasajeros, es innegable que de esa manera se coloca fuera de las ordenanzas y se expone a controles y sanciones a los que no es lícito denominar “persecución”. Esto, ciñéndonos al marco de la ley, que debe regular todo servicio municipal.
Pero es evidente que el problema requiere ser enfocado en su contexto y con una tesitura realista. Varias veces hemos insistido en esta columna sobre la necesidad de unificar los criterios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y de sus similares del interior de la provincia, tanto acerca de temas relativos al transporte de pasajeros en autos y remises, como de otros vinculados al rubro, por ejemplo, la expedición de registros para conducir. No se debe olvidar que hay implicada también una cuestión de seguridad, ya que en la mayoría de las jurisdicciones del interior a los remiseros no se les exigen prácticamente recaudos para trabajar. Vale la pena recordar que, años atrás, inclusive se creó un Foro de Transporte para discutir estas cosas, ente que no llegó a funcionar.
Nos parece que estamos ante un fenómeno que tiene un incidencia social lo suficientemente significativa como para que resulte urgente una mesa de diálogo entre las comunas. Mesa donde se tomen decisiones razonables acerca de esta modalidad de transporte que ha adquirido, por diversas razones, una extraordinaria difusión. De ese diálogo debiera salir una unificación de las normas relativas a taxis y remises, de manera que estas sean iguales en todo el territorio provincial, más allá de su división en municipios.
De esa manera terminarían conflictos que son muy frecuentes y que el transcurso del tiempo no hará más que agravar si no se los encara con un criterio distinto.
Cada día hay más gente que utiliza servicios de esta índole, en la capital y en el interior. Un marco regulatorio idéntico parece indispensable a esta altura de las cosas.







