Urge proteger a los discapacitados

Una discapacidad es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, según señala la Organización Mundial de la Salud en su Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (Ciddm), publicada en 1980. En una nueva clasificación, la discapacidad señala déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Denota los aspectos negativos de la interacción del individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales).
En nuestras ediciones del domingo y de ayer, en el marco de la Red de Periodismo Social que integra LA GACETA con otros diarios del interior del país, dedicamos un amplio espacio a esta franja sensible y desprotegida que padece la discriminación de la sociedad. De acuerdo con los resultados de la última Encuesta Nacional de Discapacidad, el 7,1% de la población argentina está conformado por discapacitados. De este relevamiento se desprende que en Tucumán viven alrededor de 98.800 minusválidos. El estudio, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, reveló que, en total, son 395.000 los tucumanos afectados por la discapacidad si se tiene en cuenta el entorno familiar directo de la persona que padece el problema. Esta cifra representa el 30% de la población de la provincia. Del total de los discapacitados tucumanos, el 31% padece dificultades motrices. Aquellos con alteraciones visuales representan el 14,40%. El 12,10% tiene discapacidades auditivas. Los que sufren afecciones mentales son el 12,10%. Aquellos que tienen problemas con el habla sólo representan el 2,10%. En tanto, el 26,10% de los minusválidos sufre dos o más discapacidades. La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, delegación Tucumán, afirmó que más del 20% del total de las denuncias que recibieron durante 2007 corresponden a discapacitados que no pudieron acceder a medios de transporte de larga, media y corta distancia. Acotó que con frecuencia, cuando una persona va a sacar un pasaje y especifica que lo va a usar un discapacitado, siempre encuentran una excusa para no otorgarlo. Por otro lado, un comprovinciano paralítico que se moviliza en silla de ruedas contó que para que un taxista lo lleve debe esconderse detrás de una columna y pedirle a una persona que le haga señas a algún auto de alquiler para que cuando este se detenga no pueda negarse a llevarlo.
Pese a que la ley provincial 24.314 establece que hasta el año 2013 las empresas de transporte público deben incorporar hasta en un 50% ómnibus adaptados para discapacitados -este año, cada línea debería tener cinco unidades con elevadores o pisos bajos-, pero no hay ninguno. Los empresarios reclaman, una vez más, subsidios del Estado para poder adquirir los colectivos adaptados para discapacitados porque costarían un 50% más que los comunes. También están asustados -según un directivo de Aetat- por la cantidad de pases libres que deberían dar porque han descubierto que cada vez hay más patologías que padecen los discapacitados y se quejan porque no reciben ningún aporte por brindar este servicio gratuito.
Si un tucumano discapacitado debe esconderse para tomar un taxi o pagar su pasaje porque las empresas miran para otro lado, cuando por ley están obligadas a no cobrarle a este ni a su acompañante, estamos muy mal, porque ello habla de una sociedad indiferente y de gobernantes que no hacen cumplir las normas que los protegen.