La quema desaprensiva de los cañaverales

Todos los años, desde hace muchas décadas, al promediar junio hasta noviembre -incluso diciembre-, los patios, las calles, las plazas, las casas,  la ropa, los guardapolvos, los pulmones, los ojos y el pelo de los tucumanos reciben nubes de cenizas que provienen de la quema de los cañaverales. Cuando transcurren varias semanas sin lluvias, la tierra y el polvillo del ambiente provocan enfermedades oculares y respiratorias. Como correlato de esta crónica realidad, se suceden accidentes -muchos de ellos mortales- a causa de las rastras cañeras que circulan masivamente por la ruta nacional 38. Año a año, cuando estas penurias flagelan a nuestros comprovincianos, se escuchan miles de quejas ciudadanas y las autoridades de turno de deshacen en promesas de que en la zafra siguiente se intensificarán los controles y las sanciones para terminar definitivamente con esta mala costumbre.
El jueves se registraron quemas masivas de cañaverales. Estas fueron constatadas a través de imágenes tomadas desde un avión por un integrante tucumano de Greenpeace que las envió a nuestro diario. Como ya sucedió en otras ocasiones, la quema de caña generalizada en la provincia pudo haber ocasionado un apagón de más de cuatro horas en seis provincias. Un directivo de Transnoa, la empresa transportadora de energía, afirmó que un apagón por incendio de los cañaverales dañaría a las líneas de alta potencia que atraviesan la provincia y afectaría el suministro eléctrico en Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.
Se sabe también que esta antigua práctica antisocial la realizan muchos cañeros para abaratar costos; la materia prima en pie o apilada en los cercos es incendiada para eliminar las hojas del tallo y ganar peso y productividad. Según señaló a nuestro diario el ministro de Desarrollo Productivo, la quema fue ejecutada también por cañeros grandes, de manera que el Gobierno estaba en conocimiento de quiénes son los infractores a la ley 6.253, que en su artículo 38 prohíbe la quema de caña como método auxiliar de la cosecha. En enero pasado, esta norma fue modificada por la ley 7.459, por la cual los ingenios están impedidos de recibir caña quemada.
El secretario provincial de Medio Ambiente sostuvo que el problema es que la ley no es aceptada por los productores, lo cual la transforma en una medida ineficaz; mientras el ministro anunció que convocaría a los propietarios de los ingenios para reclamar una acción conjunta para combatir a los que impulsan esta práctica. Por otro lado, los transportistas cortaron esta semana la ruta Nº 38 para pedirle al Gobierno la flexibilización de los controles y que permita alargar a 3,50 m el ancho de los paquetes de caña, que debe ser de tres metros según la ley.
De la situación descripta surgen algunos interrogantes. Una ley vigente debe ser respetada por toda la ciudadanía. Si un sector la transgrede, significa que las autoridades que deben hacer aplicar la norma con todo rigor, no lo hacen o lo realizan en forma deficiente. Si el ministro del área afirma que sabe quiénes son los infractores entre los productores grandes, no se entiende por qué no les aplica la ley en forma inmediata. Respecto de los otros cañeros, basta recorrer el sur de la provincia -en avión o en vehículo- para constatar quiénes son los que queman los cañaverales. Finalmente, el viernes el Gobierno anunció operativos para erradicar esta costumbre.
Esta situación afecta a toda la sociedad. Tenemos leyes, discursos, palabras, promesas, incremento de controles y todo sigue igual a lo largo de décadas. Habría que pasar de una vez por todas a la acción concreta.