La reprobable estrategia del dedo presidencial

En setiembre de 2003 el ministro del Interior, Aníbal Fernández, dispuso el análisis de una reforma política respondiendo a solicitudes de diversas Organizaciones No Gubernamentales y creando a esos efectos una subsecretaría “ad hoc” a cargo de Marta Oyhanarte. Seis meses después, el entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz, anunció que en los 60 días subsiguientes el Poder Ejecutivo remitiría al Congreso los proyectos reformadores, pero desde ambas ocasiones no se ha registrado ninguna iniciativa oficial con esos fines, a excepción del régimen sobre financiamiento partidario. Tampoco se produjeron diálogos en dicha subsecretaría con organizaciones políticas y otros sectores que pudieran evidenciar una atención especial del Gobierno. Dicha reforma se está aguardando desde la restauración constitucional y su ausencia ha terminado por afectar al sistema de partidos políticos que la Carta Magna incorporó en 1994 con el valor esencial de organizaciones representativas intermedias entre la ciudadanía y los poderes republicanos. Testimonio de ello fue entonces la definición del jefe del Gabinete, Alberto Fernández, al expresar sobre el proyecto presidencial de concertación plural: “Esta no es una concertación de partidos, porque las representaciones partidarias están prácticamente pulverizadas”, a las que definió como “espacios miserables donde cada uno medra por su propia suerte”. Aquella omisión oficial de la reforma, la intervención del consejo nacional del Partido Justicialista desde hace más de un año, por el que el actual gobierno accedió al poder, y la desembozada cooptación de autoridades con origen radical y en otros partidos opositores, fueron sin duda parte de un proyecto estratégico. Plan que en el año de renovación electoral se ha puesto de manifiesto con el estilo de nominación de candidatos que el presidente Kirchner ha culminado al designar a su propia esposa de manera personal y mediante un lacónico anuncio en la agenda oficial de noticias, como sucesora, anunciando a la vez con un raro sentido del humor su conversión como “primer caballero”. A partir de ahí, el jefe del Estado se ha sentido con autoridad para nominar otros candidatos mayores sin intervenciones partidarias de ninguna naturaleza, siendo imitado en no pocas ocasiones por sectores de la oposición que, salvo la Unión Cívica Radical, no optan generalmente por decisiones partidarias o devienen de acuerdos.
Ese dedismo oficial que navega en estos tiempos por nuestra política no sólo lo hace con patente de corso por violentar claras normas electorales, sino que realiza campañas costosas con fondos y recursos públicos fuera de los plazos que determina el Código Electoral, reformado parcialmente en distintas ocasiones, pero vigente en lo sustancial. El artículo 64 bis establece que las campañas electivas para presidente y vice “sólo podrán iniciarse 90 días antes de la fecha del comicio”; el artículo 64 prohíbe la publicidad de candidatos a cargos públicos en todos los medios de comunicación hasta 32 días previos a los comicios, y el 64 quáter determina que la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan la captación  del sufragio a favor de candidatos a cargos públicos nacionales.
Como puede observarse, esas gruesas prohibiciones topan de lleno con la ostensible campaña que el propio Presidente de la Nación realiza para sus nominados, llevando invariablemente a su lado, con frases y actitudes gestuales, a la primera dama y senadora por Buenos Aires, quien desarrolla habitualmente más actividades ejecutivas que las legislativas confiadas por sus electores.