Queman libros y apilan cuadros e instituciones

El gobernador sueña con seguir cuatro años más para continuar pavimentando e iluminando miles de cuadras y sabe que este es su principal capital político, y lo exprime.

Cuenta la leyenda que el presidente Manuel Azaña, cuando el triunfo de las tropas facciosas, leales a Francisco Franco, parecía irreversible en España a fines de los años 30, ya no estaba tan preocupado por salvar las instituciones de la república como por proteger los cuadros del Museo del Prado (Madrid) de la voracidad de la Guerra Civil. ¿Qué diría don Manuel si viviera y viera que en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán obras de artistas como Luis Lobo de la Vega o Aurelio Salas no pueden exponerse y, en cambio, deben ser protegidas de los estragos que puede causar la humedad? ¿Qué es un cuadro si no puede ser colgado para que diga algo? Además, los turistas, que parecen tener más sensibilidad -y reacción- estética que los tucumanos, se acercan a preguntar por esa señorial mansión construida a principios del siglo XX en el parque 9 de Julio, porque les parece un museo digno de ser visitado. Pero los empleados, refugiados en el anonimato, tienen que responderles que, por ahora, sólo luchan para que la casa no se deteriore más.
Y don Manuel, elegante ensayista como novelista, además de político, se volvería a morir si supiera que en Concepción a algunos se les da por entrar a las bibliotecas públicas, pero no para esclarecerse, sino para quemar libros, más precisamente textos escolares; estos textos, quién sabe, a lo mejor, podrían haberle cambiado el destino a algún niño precoz e inquieto. ¿Y qué habría dicho Jorge Luis Borges, que se imaginaba el paraíso en la forma de una biblioteca infinita e interminable? ¿Acaso los pirómanos no saben que esos olvidados pero sagrados espacios públicos están siempre abiertos para aquellos que simplemente pretenden leer y a lo mejor no tienen medios para comprar sus propios libros, como recuerda una tímida inscripción colocada a la entrada de la Biblioteca Alberdi de esta capital?
El tercer síntoma del estado cultural (y espiritual) actual de Tucumán es el intento de robo de dos de los seis reflectores destinados a iluminar la estatua de Lola Mora que, magnífica, se yergue en la plaza Independencia y que simboliza nada menos que la libertad. Se asemeja a una metáfora siniestra y oscurantista.

Normas en desuso
Pareciera que se ha depreciado el valor de los símbolos y de las formas, lo que se advierte hasta en el lenguaje institucional. El gobernador José Alperovich, por ejemplo, sueña con durar cuatro años más para seguir pavimentando e iluminando miles de cuadras, principalmente en los municipios del interior. Aunque se lo acuse de parecer, antes que un estadista, un omnímodo intendente, él sabe que este es su principal capital político y lo exprime.
El problema surge cuando, para explicar cómo costeará esas obras, afirma sin sonrojarse que reducirá el presupuesto de la Legislatura en $ 100 millones. En mayo hasta llegó a decir que, como contrapartida, él les iba “a poner (a los legisladores) el sueldo que está ganando un ministro” (sic), porque “nadie puede creer que un parlamentario pueda vivir con $ 2.500 por mes”. En efecto, si bien la dieta es de $ 3.081, aquella otra es la suma que aproximadamente perciben los legisladores luego de las deducciones y descuentos correspondientes.
Lo curioso es que si alguien consulta la Constitución, fraguada en la voluntad del propio mandatario, no figura entre las atribuciones del Poder Ejecutivo tamaña potestad, reservada, en cambio, al presidente de la Legislatura en su carácter de cabeza de otro poder del Estado (artículo 68). Por el contrario, existe otro cerrojo legal, el artículo 67, inciso cuarto, pactado entonces por los convencionales que respondían al vicegobernador Fernando Juri (hoy casi reducido a lo decorativo). Esa disposición establece que corresponde al Poder Legislativo (y no a la Casa de Gobierno) fijar el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la provincia a partir del proyecto que anualmente debe elevar el PE y, dentro de este, debe incorporar el suyo propio (léase el de la propia Legislatura). “Esta incorporación no podrá ser vetada”, concluye la norma, en explícita advertencia a eventuales pretensiones acaparadoras (de poder) por parte del Ejecutivo.
Para rematar, la propia Carta Magna filo-alperovichiana, en el artículo 101, inciso segundo, precisa de manera terminante: “el Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Pese a esto, una vez por mes, por lo menos, Alperovich recuerda que si lo reeligen en agosto le recortará el presupuesto a la Legislatura, para que haya más obra pública. Es una forma de hacer política y, también, una metáfora, según la cual el Poder Legislativo parece más un apéndice de la Casa de Gobierno (ni siquiera un ministerio) que un poder del Estado propiamente dicho.
Curiosamente, la semana pasada, la ensayista Ivonne Bordelois lamentó que el lenguaje político, en tanto discurso sobre lo que concierne a todos, sea tan pobre y que rebaje el nivel de la vida colectiva. La democracia -agregó- también es una cultura. Entonces, podría agregarse que, así como se la construye, también se la destruye quemando libros y apilando cuadros o instituciones.