Nuestra grave crisis republicana

No por esperada, la renuncia de Felisa Josefina Miceli al Ministerio de Economía ha constituido un hecho de fuerte repercusión en el país y con llamativo eco en el exterior. No tanto por su significación como responsable de la conducción económica, cuanto por la aventurada decisión presidencial de mantenerla en el cargo contra todas las adversidades que la desacreditaron públicamente y que el fiscal Guillermo Marijuán calificó, al solicitar su indagatoria, como delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin entrar en detalles ampliamente difundidos sobre el hallazgo y los oscuros orígenes de la bolsa con una significativa suma de dinero en el baño oficial de la ministra que sugieren una vasta y no ocasional red de manejos irregulares, la pretensión oficial de eludir la situación de Miceli  apelando a gestos de confianza y groseras descalificaciones de las denuncias es otra señal inquietante de un poder renuente a los cauces republicanos. En ese sentido, la acción del fiscal promoviendo la indagatoria ha sido una corriente de aire fresco en ese clímax contaminante donde el caso Miceli no es el único: “Para que la Justicia sea creíble -afirmó Marijuán- debe actuar de manera rápida y evitar cualquier tipo de valoración política”.
Debe esperarse ahora que el juez Daniel Rafecas, temporalmente a cargo del juzgado federal de María Servini de Cubría, ausente por licencia, se aboque de igual manera a la indagatoria, con lo cual el Poder Judicial contribuirá a recuperar la confianza en nuestras instituciones. En los últimos tiempos, otros fiscales y magistrados están respondiendo con eficacia y responsabilidad republicana a las demandas ciudadanas de imponer transparencia en la gestión. Un requerimiento al que el Congreso no ha podido responder por la docilidad con que sus mayorías acompañan al extremado presidencialismo de Néstor Kirchner. Acción hegemónica testimoniada por la carencia  de reuniones de gabinete, la incomunicación con los medios de información y la total ausencia de diálogo con quienes no comparten el pensamiento oficial. Testimonio elocuente de ello ha sido el del jefe del Gabinete, Alberto Fernández, quien se explayó ante el periodismo sin aceptar el diálogo, al apoyar a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Humano, Romina Picolotti, para confirmarla en el cargo después de las graves denuncias con rumbo judicial, aunque aceptando las fundadas causas ellas.
La necesidad de ventilar la gestión gubernamental ha sido igualmente cumplida por el fiscal Carlos Stornelli, no sólo como impulsor del caso Skanska, sino al denunciar al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por violación del secreto estadístico, cuya calificación penal evidencia hasta qué punto de gravedad alcanza la manipulación del Indec. Ese funcionario es otro de los que gozan del respaldo presidencial para tratar de encubrir los niveles de inflación. Rara es la excepción de ministros y de secretarios de Estado que no aparezcan poco más que como peones del hegemonismo presidencial. Un hegemonismo que el propio Kirchner, mediante la tarea legislativa de la senadora y primera dama, trata de imponer en el Consejo Nacional de la Magistratura. Rol conyugal que excluye toda posibilidad de interpelación al Poder Ejecutivo y se comparte inconstitucionalmente en los actos decisorios de gobierno sin reparo ni ocultamiento alguno. Las formas republicanas llegaron inclusive a las monarquías modernas, pero sus grandes valores, los poderes independientes y controlados recíprocamente, contradicen nuestra realidad.