La "Tolerancia Cero" en las fiestas privadas

Tal como ocurre con la aplicación de la ley de Contravenciones, la autoridad sabe que los operativos del IPLA son consentidos socialmente. Aunque sean injustos.

El domingo a la madrugada, un pequeño comando del Ipla clausuró una fiesta privada en Congreso al 700. Los que organizaban la celebración dijeron que tenían los permisos; los inspectores retrucaron que el local no estaba habilitado. “¿Por qué no tienen fajas de clausura y tampoco traen orden de allanamiento?”, preguntaron los que hacían la fiesta. “No hace falta. Tenemos potestad como ente fiscalizador”, respondió un inspector. De inmediato, entraron al local, cortaron la música, apagaron las luces y advirtieron a la gente que la fiesta había terminado.
La anécdota refresca lo ocurrido hace 15 días en avenida Belgrano al 2.730, y lo de hace dos meses en Las Piedras al 200. Estos son dos casos conocidos. Quizá haya más casos como estos en los operativos que cada fin de semana lleva a cabo el IPLA, apoyado por equipos policiales, en el área capitalina y en algunas partes del Gran Tucumán.
Lo llamativo no son los operativos, sino la potestad que permite a la autoridad discriminar a su gusto. Clausurar un local sin poner faja y permitir que comience una fiesta para caer después a clausurarla -castigando a quienes pusieron dinero y expectativas en el festejo y no a los comerciantes que están fuera de la norma- es una práctica que, sea o no legal, tiene efectos muy claros. Da un mensaje de poder y de impunidad del poder.
Estos procedimientos son muy parecidos a los que emplea la Policía cuando se ampara en la Ley de Contravenciones para su tarea de prevención del delito. Apoyados en su experiencia, los agentes suelen distinguir por sutiles detalles entre quienes consideran infractores y quienes no. Así, aparecen, con cierta frecuencia, casos de jóvenes aprehendidos en forma arbitraria; y el sistema es tan complejo -el jefe de Policía debe fijar la multa y luego los padres están obligados a abonarla- que las víctimas de la arbitrariedad prefieren conseguir el dinero y pagar la multa antes que dejar a sus hijos en una celda de comisaría. La Ley de Contravenciones, denostada desde hace casi tres décadas, sigue vigente. La Legislatura hizo dormir dos proyectos para reformarla y democratizarla.
La gente sabe que a estos procedimientos policiales les cabe perfectamente la frase de Napoleón: “la Policía a veces inventa más de lo que descubre”. Pero, en general, la sociedad acepta la arbitrariedad que permite esta norma, porque supone que el hecho de que se apliquen multas a supuestas infracciones -aunque eso genere injusticias-ayuda a pacificar y evita males mayores. En esto, la Policía sigue el criterio de la teoría de las ventanas rotas (o “Tolerancia Cero”): se supone que las infracciones menores son como los vidrios rotos a pedradas en un edificio. Si se los deja mucho tiempo así y no se reacciona, en breve aparecerán todos los ventanales rotos. Eso es la tolerancia cero: actuar ante la menor infracción. Es prevención desde un punto de vista duro. Un ejemplo extremo de esta idea fue el “Malevo” Ferreyra, quien, desde su cargo de jefe de la Brigada de Investigaciones, a fines de los 80 y comienzos de los 90, castigaba supuestos ladronzuelos a latigazos. Un día creyó que hacía justicia aplicando ese concepto en un tiroteo en Laguna de Robles. Fue condenado por matar a un hombre.
Napoleón diría que él no estaba en su puesto para conformar a todos, sino para organizar y marcar tendencias en la sociedad. Eso hace la autoridad con estos operativos. Y sabe que la idea de la mano dura genera consensos en una sociedad atemorizada por la inseguridad. Pero esto no quiere decir que la sociedad crezca. En algunos temas, como en el de la nocturnidad, la comunidad parece involucionar hacia una etapa preadolescente, como si necesitara una autoridad que imponga una ley pacificadora sin importar si al hacerlo siembra injusticias.