Discriminación en la selección de jueces

La Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura de la Nación dio a conocer la resolución 307/7 por la cual se informó acerca de la calificación que se les otorgó a los doce abogados que se presentaron para cubrir el cargo de juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Tucumán, cuyo titular, Felipe Terán, fue destituido. Por otro lado, la comisión de Selección convocó a un concurso público para cubrir el mismo cargo en el Juzgado Federal Nº 1 de la Provincia, en el que se desempeñaba Jorge Parache, quien renunció el 31 de mayo pasado. Como se recordará, a estos magistrados se les había iniciado sumarios por supuestas irregularidades en la tramitación de causas vinculadas a títulos de la deuda pública.
Una diputada nacional que integra el jurado de selección, cuyo informe consta en la resolución 307/07, aclaró que, además de los antecedentes de rigor (experiencia judicial, actividades académicas, especialidad, publicaciones), consideró en el perfil de los postulantes la vinculación con los valores democráticos y la vocación por los derechos humanos. En ese sentido, a uno de los candidatos le restó notablemente el puntaje y expresó: “si bien se ha tenido en cuenta el desempeño del concursante en el fuero federal, que es propio del cargo a cubrir, prevalece como criterio calificador la evaluación del perfil del concursante y su vinculación con los valores democráticos, por lo que el ejercicio como funcionario público de un gobierno de facto no se condice con la labor a desarrollar en una dependencia judicial que, entre otras causas, deberá resolver cuestiones relacionadas con la violación de derechos humanos, por lo que se lo califica con 20 puntos en el ítem especialidad”. La legisladora señaló que su trayectoria de más de 25 años como funcionario judicial se valoró negativamente porque su designación y desempeño tuvieron lugar durante la última dictadura militar. En contrapartida, la diputada le concedió 40 puntos en el mismo rubro a otro de los candidatos y en este caso, consideró “la vinculación de la trayectoria del postulante con la especialidad del cargo a cubrir y la distinción recibida de parte de la ONG Federación en reconocimiento a su dedicación en favor de los derechos humanos”.
Consideramos que este criterio de evaluación es discriminatorio, porque no debería merituarse la calidad o las condiciones de un magistrado por su ideología, sino por su capacidad y por sus antecedentes. Las sentencias o dictámenes que emiten los jueces de primera instancia son elevados a instancias superiores en la Justicia y pueden llegar hasta la Corte Suprema. El análisis de este perfil relacionado con la vocación democrática y la defensa de los derechos humanos no se aplicó, por ejemplo, con uno de los actuales integrantes del máximo tribunal de la Nación que resultó electo en 2003, tras pasar por un concurso de antecedentes y oposición, siendo que había sido funcionario judicial durante la época de la dictadura militar.
Hasta hace pocos años, los jueces federales eran propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional y designados con acuerdo del Senado. Esta modalidad se prestaba a amiguismos o a intereses políticos en el nombramiento de los magistrados. Desde esta columna, dijimos en otras ocasiones que nos parecía saludable la realización de concursos de antecedentes y oposición no sólo en el ámbito del Poder Judicial, sino también del Estado, porque se contribuía, así, a garantizar la preservación y la transparencia en las instituciones. Creemos que en estos concursos deben elegirse los mejores candidatos y para ello debe evitarse el menor atisbo de interferencia política.