Algo más que protocolo

Entre las frases voluntariosas del gobernador, José Alperovich, sobre la impactante baja del delito y las noticias sobre asaltos y patoteadas, hay una sociedad que espera una respuesta clara, y una institución, la Policía, que se debate entre dos patrones: la comunidad y el Gobierno. Y aunque el mandatario diga que él advierte que la gente le pide que haga frente a la inseguridad, a veces no está claro si los agentes van en la dirección que necesita la sociedad cuando obedecen las órdenes del Gobierno.
Esa división de tareas se nota claramente cuando la fuerza de seguridad es presionada para actuar como una Policía de Estado o como una guardia pretoriana. Cuando se la emplea como una agencia de protección de funcionarios -caso del gigantesco cordón policial para asegurar que no haya ni una pizca de riesgo de incidentes durante los actos de la apertura de sesiones de la Legislatura, el 1 de abril- o cuando, con la excusa de que se vive un tiempo de batallas y agresiones electorales, se emplea a los efectivos para impedir manifestaciones o trabar las protestas de los jubilados.
¿Tiene razón el Gobierno cuando dice que las protestas son electorales? Sí, en parte: siempre aparecen opositores o excluidos del oficialismo apoyando las justas protestas. ¿Tienen razón los que reclaman? Sí. ¿Debe la Policía intervenir para guardar el orden? Sí. ¿Debe reprimir? No. ¿Qué debe hacer? Hay respuestas para eso.

Disyuntiva
Lo primero debería ser definir claramente el rol de la Policía en la comunidad. Si está sólo para ejecutar lo que el Gobierno quiere -lo cual es comprensible (pero no justificable)- se corre el riesgo de que deje de atender lo que necesita la gente. Si el gobernante ordena que para evitar problemas con una manifestación de jubilados se concentre una gran cantidad de agentes en la plaza, se puede entender que ese mismo día se produzcan asaltos en Barrio Norte y que los vecinos digan que no hay agentes vigilando las calles. La conclusión de esta desorganización producida por los apuros políticos en desmedro de una planificación -de acuerdo con un mapa de la seguridad- es que siempre hará falta más gente y más equipos. Alperovich acaba de anunciar un sistema de premios y castigos, y que habrá más personal y más motos.
Pero no hay que olvidarse de que otros anuncios similares no han sido concretados hasta ahora, como el de que se instalarían cámaras en el microcentro, o que se crearía una división especial de Homicidios y Delitos Complejos (iba a estar lista y trabajando en abril pasado).
En agosto de 2006 -a propósito de la desaparición de Betty Argañaraz- se había creado un protocolo de trabajo para casos especiales. Ahora, hace pocos días, el jefe de Policía, Hugo Sánchez, retó a los agentes del sur porque la búsqueda del triple homicida Jorge Orlando Vera es un caos; porque no se preservó el lugar del crimen y porque no se cumplieron protocolos básicos de trabajo. Pasó un año desde la desaparición de Betty. La conclusión mínima es que no se capacitó a los agentes y, por lo tanto, no habrá cambios. Por más que el gobernador anuncie premios y castigos.
Otra cuestión es ver en qué se ocupan normalmente los policías. La sociedad tiene la imagen de que están para resolver crímenes, pero en realidad la mayor parte del trabajo policial se va en enfrentar problemas vecinales, violencia familiar, incidentes de tránsito y otras cuestiones complejas de la convivencia, como ser fuerza de apoyo para enfrentar a vendedores ambulantes, carreros o remiseros indómitos. ¿Han sido capacitados los policías para esas tareas? No. Pero las hacen, del mismo modo que reprimen o salen a investigar delitos. Utilizan para todo los mismos protocolos, que son los que aprendieron hace años, y que no cambiaron porque el modelo policial, más orientado a la reacción que a la prevención, no cambió.
Quizá el gobernador, que tiene una fuerte intuición de que con la gestión pavimentadora basta para mantener satisfecha a la gente, esté convencido cuando afirma que están logrando bajar la inseguridad poco a poco. Pero no tiene pruebas, ni estadísticas que avalen su afirmación de que el delito disminuyó el 70%. Para sostener una mejora en el tiempo habrá que cambiar sustancialmente la visión que se tiene de la Policía, de su rol y de la política de seguridad. Y cambiar algo más que el protocolo.