Denegaron la excarcelación de Molina

Roberto Jesús Molina seguirá detenido. El hombre es uno de los tres imputados en la causa en la que se investiga la aparición de títulos falsos de abogados. Su abogada, Claudia Haro, solicitó que se lo libere pero el juez federal No 2, Mario Racedo, lo rechazó.
La situación de Molina se complicó el miércoles cuando otro de los imputados en la causa, Mario Alberto Murillo, lo reconoció como el hombre que, previo pago de $ 7.000, le había entregado el diploma que luego utilizaría para obtener la matrícula profesional, según trascendió. Por eso, hasta el momento, Molina es considerado por la Justicia Federal uno de los organizadores de la maniobra. El imputado aseguró que es albañil y que no tiene ningún vínculo con la Facultad de Derecho ni con la UNT. Pero otra de las acusadas, Myriam del Huerto Bulacio, afirmó en su declaración que en la facultad todos sabían que Molina -a quien dijo no conocer personalmente- era el hombre que podía gestionar los diplomas apócrifos. A pesar de que todos están acusados por delitos excarcelables, Racedo denegó la liberación de Molina al entender que podría estar involucrado en delitos más graves.
Bulacio insiste en que ella se recibió en la facultad luego de haber cursado y rendido todas las materias. Las autoridades de Derecho lo niegan, y afirman que sólo cursó dos materias. Para avalar su testimonio, la mujer presentó su libreta universitaria, en la que figuran las materias aprobadas con las respectivas firmas de los profesores, documento que ahora está siendo peritado.
Hasta el momento, Racedo ordenó dos allanamientos en viviendas en las que presuntamente vivía Molina. Pero se dio con que eran habitadas por familiares del imputado, y que él reside en otro sitio, que aún no pudo ser precisado. El juez pretende secuestrar documentación que podría probar la vinculación del sospechoso con las maniobras irregulares. Racedo además, envió ayer oficios a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán (en la que aportan los letrados para su jubilación) y a mesa de entradas de Tribunales. Lo que el magistrado pretende es que se le informe si tanto Murillo como Bulacio estuvieron aportando para la jubilación, y en cuántos juicios tuvieron participación. De esta forma además se podrá saber qué clientes tuvieron desde que cada uno de ellos recibió su diploma fraguado, en 2004 y en 2005 respectivamente. Además el juez intenta descubrir vinculaciones entre la causa de los títulos falsos y la de la compraventa de notas en la Facultad de Derecho, investigación que también está a su cargo.