Un diálogo esencial y saludable

Las reuniones del Presidente de la Nación con los gobernadores electos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Tierra del Fuego han constituido un diálogo esencial muy saludable que contribuye a la recuperación de nuestras instituciones republicanas y federales. La rapidez con que ambas entrevistas fueron solicitadas y concedidas, así como sus satisfactorios resultados en ambos casos, permiten por otra parte superar la dureza de las campañas electorales, especialmente la porteña, contaminadas por mensajes y actitudes descalificantes del oficialismo que los electorados respectivos supieron igualmente sancionar con sus fallos en las urnas. La candidata electa fueguina, Fabiana Ríos, del ARI, concurrió con una agenda de demandas para el poder central donde el respeto y la seguridad de los compromisos financieros con su provincia ocuparon los puntos centrales. No debe eludirse que desde hace años el sistema de coparticipación federal se halla pendiente de revisión, ya que es financiada en la mayoría de las provincias en elevada proporción desde el poder central, donde, por cierto, el amplio número de facultades delegadas por el Congreso en el Poder Ejecutivo le permite a este manejar esos recursos con criterio propio, hasta generar en ciertos casos una dependencia de gobiernos locales con orígenes políticos diferentes.
No ocurre lo mismo con la Ciudad Autónoma y Capital de la Nación, pues su tasa per cápita de ingresos más elevada, tan sólo requiere poco menos de un 20% de los recursos. Sin embargo, las demandas de su gobernador electo Mauricio Macri han sido muy puntuales y numerosas, pues su satisfacción le permitirían  a la ciudad una autonomía plena que fue retaceada al año siguiente de disponerse en la reforma constitucional de 1994, por la llamada Ley Cafiero, que impidió el traspaso de la Policía Federal de la superintendencia metropolitana, incluido el servicio de bomberos. El petitorio de Macri comprendió igualmente el control de la Justicia local, del transporte urbano y de los puertos, para poner fin a esa autonomía que la Constitución ciudadana determina con precisión. La reunión con Kirchner apenas duró una hora, pero el intercambio fue más fructífero de lo que se esperaba; se estableció en su transcurso  que el 15 de agosto próximo comenzarán las reuniones en el Congreso para derogar la ley de marras, a la vez que el líder de Pro le anticipó su propósito de reformar la ley suprema local.
Seguramente que ese acuerdo verbal ha sido muy satisfactorio, pero debe señalarse que no había sido posible desde 1995 por ninguno de los tres jefes de Gobierno que tuvo la Ciudad Autónoma.
Tampoco ninguno de ellos, ciertamente, se impuso con la mayoría contundente de Mauricio Macri, ni representó una oposición tan reconocida como la suya al poder central. Por lo demás, ese acuerdo verbal o compromiso ha de ser seguramente respetado en lo fundamental, pues el oficialismo nacional se acerca a la renovación electoral de su mandato y debe sentir la necesidad de cierto “statu quo” en el distrito federal. En este último punto reside sin duda la fuerte influencia que los resultados de los comicios en la Ciudad Autónoma han tenido en todo el país.
Es por todo ello muy necesario y conveniente que esas relaciones, más allá de las diferencias partidarias, sean recíprocamente respetuosas y tolerantes en beneficio de los intereses republicanos de toda la Nación.