La responsabilidad de informar

El periodismo libre informa sobre los mismos hechos, mas puede interpretarlos de manera diversa, pues no lo hace uniformemente en la pluralidad democrática. Esa diversidad se torna más evidente cuando el acceso a las fuentes de información no es el adecuado y puede afectar la objetividad de la noticia. La libertad de prensa consiste por ello no sólo en la de informar sino en la de acceder a la información de interés público, así como en la obligación de ejercerla con responsabilidad.
Cuando nuestra Constitución dispone que no se dictarán leyes que restrinjan esa libertad básica históricamente identificada con la democracia pluralista, está indicando también tácitamente que los administradores del Estado no podrán obstaculizarla ni presionar en beneficio de un pensamiento único. Más o menos y como ya lo hizo en numerosas oportunidades, el Presidente de la Nación ha dado muestras recientemente de su dificultad para comprender los valores de esa libertad y diversidad de opiniones de la pluralidad de los medios, al calificar de esquizofrenia la manera en que interpretan su gestión. Reprocha, en ese sentido, las referencias a su proselitismo oficialista en las campañas electorales y a la supuesta pretensión de “quererme hacer perder de cualquier manera”.
Desde la restauración constitucional hace casi un  cuarto de siglo y salvo casos excepcionales que hallaron amparo judicial, la libertad de prensa ha sido y sigue siendo un valor estable en el país; claro que retaceada no pocas veces por esas dificultades de algunos funcionarios para reconocer sus deberes como fuentes de información. Es público y notorio que el presidente Kirchner ha sido y es el que más reticencias ha manifestado en ese sentido, pues no solamente prescindió de las periódicas conferencias de prensa durante todo su mandato, sino que jamás concurrió, como es tradicional y en determinadas ocasiones, a la sala de periodistas acreditados ante la Casa Rosada. Ignorancia de los medios de comunicación social que ni siquiera algún dictador practicó. Esa modalidad genera un espacio informativo vacío que ocupan versiones y especulaciones, provocando un estado de tirantez entre los medios y el gobierno que suscita incertidumbre en la sociedad. Hace años, por otra parte, que se espera del Congreso una ley sobre acceso a la información pública, y si el Poder Ejecutivo dictó un decreto para habilitarlo en su ámbito, no es menos cierto que las solicitudes para lograrlo generan engorrosos y largos trámites que limitan su finalidad.
Ese estilo que marca el más alto funcionario del Estado uniforma la comunicación oficial, donde, por lo demás, orienta la voz limitada de sus colaboradores y de la primera dama, cuyas funciones ejecutivas son más intensas que las parlamentarias y hace gala de su silencio. Precisamente la senadora Fernández de Kirchner expresó en una de sus giras al exterior, en la Universidad de Washington y sobre comunicación, un criterio revelador del pensamiento oficial: “Una mezcla de mediocridad, democracia y sistema de comunicación -dijo la virtual precandidata presidencial- da por resultado una muy mala calidad de información para el ciudadano”. La referencia apuntaba sin duda a la prensa argentina, afectada por el estilo de incomunicación y reproche de los mensajes del Presidente, quien no advierte, al parecer, la trascendencia de la información pública. Condición que habilita a la ciudadanía para sus mejores decisiones en el sistema representativo.