Se presentó a declarar y terminó preso
Un hombre al que le habían allanado la casa aseguró que no sabe nada sobre la falsificación de los diplomas. El sospechoso aseguró en la Justicia Federal que es albañil. Pero otros dos imputados habían dado a entender que él estaba vinculado a las adulteraciones.
27 Junio 2007 Seguir en 
Roberto Jesús Molina, el hombre que había sido nombrado por los dos hasta ayer únicos imputados en la causa en la que se investiga la aparición de títulos truchos de abogados se presentó ayer voluntariamente en el Juzgado Federal y, luego de declarar, quedó detenido.
El primero en nombrar a Molina fue Mario Alberto Murillo quien aseguró que había visto al hombre en compañía de la otra acusada, Myriam del Huerto Bulacio. Cuando la mujer prestó testimonio negó esto, aunque aseguró que conocía a Molina "tanto como lo conocen todos los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNT". Ambos habrían dado a entender que Molina era la persona dentro del ámbito universitario que estaba en condiciones de obtener documentación apócrifa.
La investigación tras una denuncia presentada por el Colegio de Abogados, en la que se señalaba que al menos dos personas estaban ejerciendo como abogados, sin haberse recibido. Personal de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional realizó allanamientos en casas y "estudios" de Murillo y de Bulacio, y secuestró diplomas que, a priori, serían falsos.
Luego de que los dos imputados nombraron a Molina, el juez federal N0 2, Mario Agustín Racedo, ordenó su detención. El jueves de la semana pasada se realizó un allanamiento en una casa de calle Güemes al 800. Pero no encontraron al sospechoso. Ayer, cerca de las 11.30, Molina, un hombre mayor, canoso y de estatura mediana, a quien no se conocía físicamente, llegó al despacho de Racedo junto con su abogada, Claudia Haro.
"Yo soy Molina; me llamo Roberto Jesús Molina y no sé de qué se trata todo esto", dijo ante una consulta de LA GACETA. "Soy maestro mayor de obras; no sé de qué se trata este asunto, por eso me presento ante el juez para aclarar este tema. No tengo ninguna relación con la Universidad ni con la Facultad. No conozco a ninguna de las personas que acaba de mencionar (Murillo y Bulacio); no sé por qué dieron ese nombre; tal vez sea otro Roberto Jesús Molina", explicó.
Al consultársele si tiene alguna relación de trabajo con la Facultad de Derecho, dijo: "No, nada que ver". "Quiero que me expliquen cómo vengo a figurar yo en este asunto", añadió.
Nervioso, Molina aseguró que el domicilio que fue allanado es de su hijo, Roberto Molina. "Yo no vivo allí desde que me separé de mi señora", explicó. Según dijo, actualmente vive en el Barrio Señalero y que cuando se enteró de que la Justicia estaba buscando a un Roberto Molina en la casa de su hijo, habló con su abogada y decidió presentarse.
"Mi representado dice que desconoce el motivo por el cual su nombre figura en esta causa", señaló, por su parte, Haro. Al declarar ante Racedo, Molina repitió muchas de las cosas que le había dicho a LA GACETA. Aunque cambió su profesión: aseguró que es albañil.
Aparentemente, el juez habría advertido contradicciones entre los dichos de Molina y de los otros dos imputados, por lo que ordenó que continúe detenido. Presuntamente Molina, además tendría vinculación con la otra causa que investiga Racedo por la compraventa de notas en la Facultad de Derecho de la UNT.
Mientras tanto, el magistrado espera el resultado de las pericias que está realizando personal de Gendarmería. En principio los analistas habrían determinado que las firmas colocadas en los dos diplomas que están secuestrados son falsas. Para ello las cotejaron con las rúbricas de las autoridades de la UNT que, en ese momento, eran quienes avalaban los títulos.
El primero en nombrar a Molina fue Mario Alberto Murillo quien aseguró que había visto al hombre en compañía de la otra acusada, Myriam del Huerto Bulacio. Cuando la mujer prestó testimonio negó esto, aunque aseguró que conocía a Molina "tanto como lo conocen todos los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNT". Ambos habrían dado a entender que Molina era la persona dentro del ámbito universitario que estaba en condiciones de obtener documentación apócrifa.
La investigación tras una denuncia presentada por el Colegio de Abogados, en la que se señalaba que al menos dos personas estaban ejerciendo como abogados, sin haberse recibido. Personal de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional realizó allanamientos en casas y "estudios" de Murillo y de Bulacio, y secuestró diplomas que, a priori, serían falsos.
Luego de que los dos imputados nombraron a Molina, el juez federal N0 2, Mario Agustín Racedo, ordenó su detención. El jueves de la semana pasada se realizó un allanamiento en una casa de calle Güemes al 800. Pero no encontraron al sospechoso. Ayer, cerca de las 11.30, Molina, un hombre mayor, canoso y de estatura mediana, a quien no se conocía físicamente, llegó al despacho de Racedo junto con su abogada, Claudia Haro.
"Yo soy Molina; me llamo Roberto Jesús Molina y no sé de qué se trata todo esto", dijo ante una consulta de LA GACETA. "Soy maestro mayor de obras; no sé de qué se trata este asunto, por eso me presento ante el juez para aclarar este tema. No tengo ninguna relación con la Universidad ni con la Facultad. No conozco a ninguna de las personas que acaba de mencionar (Murillo y Bulacio); no sé por qué dieron ese nombre; tal vez sea otro Roberto Jesús Molina", explicó.
Al consultársele si tiene alguna relación de trabajo con la Facultad de Derecho, dijo: "No, nada que ver". "Quiero que me expliquen cómo vengo a figurar yo en este asunto", añadió.
Nervioso, Molina aseguró que el domicilio que fue allanado es de su hijo, Roberto Molina. "Yo no vivo allí desde que me separé de mi señora", explicó. Según dijo, actualmente vive en el Barrio Señalero y que cuando se enteró de que la Justicia estaba buscando a un Roberto Molina en la casa de su hijo, habló con su abogada y decidió presentarse.
"Mi representado dice que desconoce el motivo por el cual su nombre figura en esta causa", señaló, por su parte, Haro. Al declarar ante Racedo, Molina repitió muchas de las cosas que le había dicho a LA GACETA. Aunque cambió su profesión: aseguró que es albañil.
Aparentemente, el juez habría advertido contradicciones entre los dichos de Molina y de los otros dos imputados, por lo que ordenó que continúe detenido. Presuntamente Molina, además tendría vinculación con la otra causa que investiga Racedo por la compraventa de notas en la Facultad de Derecho de la UNT.
Mientras tanto, el magistrado espera el resultado de las pericias que está realizando personal de Gendarmería. En principio los analistas habrían determinado que las firmas colocadas en los dos diplomas que están secuestrados son falsas. Para ello las cotejaron con las rúbricas de las autoridades de la UNT que, en ese momento, eran quienes avalaban los títulos.







