Señales de recuperación republicana

Durante lo que va del año hubo elecciones en siete distritos del país, pero en ninguna de ellas alcanzó la gobernación algún candidato bajo las siglas del Partido Justicialista o de la Unión Cívica Radical, por más que en la mayoría de los casos provenían de los grandes partidos tradicionales. Alianzas y coaliciones ocasionales dieron señal de una situación política de emergencia con origen en la gran crisis de 2002, que sigue deparando testimonios confusos y trasvasamientos de viejas dirigencias, con excepción de ciertos casos que insinúan una recuperación generacional. Seguramente que los comicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Tierra del Fuego aparecen como las referencias más elocuentes de esa evolución, pues ambos, a pesar de constituir acontecimientos locales, han alcanzado resonancias excepcionales de orden nacional. En ambos casos se trata de partidos nuevos con orientaciones de centroderecha y centroizquierda, pero con una masa de electores y un mensaje de sus líderes que trasuntan inquietudes y propuestas mayoritariamente coincidentes. El tiempo de la renovación requerida es difícil de establecer, pero es un hecho que ha dado comienzo y que viene prefigurado por una pluralidad que  sostiene la necesidad de consolidar el sistema republicano y el ejercicio pleno de la institucionalidad sobre bases compartidas.
No se trata de un rumbo sencillo de mantener, tal cual testimonian algunos hechos tan elocuentes como la trascendencia que se le asigna a que el presidente de la Nación reciba a líderes de la oposición victoriosos en las urnas. Circunstancia sin antecedentes durante una gestión en la que el propio doctor Kirchner ha reconocido en más de una ocasión que el país requiere mayor calidad institucional, y atribuye a su esposa, como eventual sucesora, la posibilidad de lograrla.
Ese déficit, por cierto, es considerable, como lo demuestra el secundario rol del Poder Legislativo, cuya mayoría oficialista ha delegado en el Ejecutivo amplias facultades por determinados procedimientos que, en el caso de los recursos fiscales, violan la Constitución.
Es por ello, seguramente que el Presidente no ha encontrado otra metáfora política más adecuada que definir la situación del país que la de infierno, es decir, la figura máxima de la crisis que posterga el orden constitucional subordinando la gestión política a la económica.
Esa errónea pretensión está terminando por afectar a una administración con éxitos reconocidos, pero inevitablemente de corto plazo, que están derivando en situaciones puntuales de crisis al final del mandato presidencial, provocadoras de inequívocas señales de inseguridad, no ya para el largo sino para el mediano plazo. Ese olvido de la política transparente como factor esencial de la conducción del Estado ha dado lugar, por otra parte, a que en un año densamente electoral no funcionen los sistemas partidarios por falta de una adecuada reforma, hasta el punto de que el oficialismo resuelve sus candidaturas fundamentales mediante decisiones excluyentes del Presidente y de su esposa.
Ya no hay tiempo, a cuatro meses de las elecciones nacionales, para que tan graves falencias sean corregidas, pero es posible una rectificación en ese estilo hegemónico de gestión que, especialmente en el distrito federal, debe resolverse mediante el reconocimiento de la plena autonomía gubernamental de Buenos Aires.
Bastaría promover ante el Congreso la revisión de la llamada Ley Cafiero, para dar una señal de genuina voluntad republicana.