Los jueces de Cámara sienten que están otra vez en el ojo del huracán tras la fuga del violador Vera. El PE tuvo seis meses para nombrar jueces de Sentencia, pero no lo hizo.Caminan por la delgada línea que separa lo legal de lo ilegal. Muchas veces, los jueces de Cámara tienen que cerrar los ojos antes de otorgarle permiso de salida a un recluso. La experiencia de Alicia Freidenberg los marcó a fuego y hoy se sienten nuevamente en el ojo del huracán.
Jorge Orlando Vera siempre fue considerado un hombre peligroso. Durante un juicio abreviado, fue condenado a nueve años de prisión por haber violado a sus hijas. Pero el hombre, lejos de resignarse y de arrepentirse, incubó un odio asesino durante el tiempo que pasó tras las rejas. Cada vez que podía, les hacía saber a sus familiares que la pesadilla no había terminado.
Cuando Vera cumplió la mitad de la pena solicitó el beneficio de las salidas extramuros, tal como lo establece la ley. Y los jueces se lo denegaron. Pasó el tiempo, y el violador alcanzó los dos tercios de su condena, por lo cual estaba en condiciones legales de disfrutar de la libertad condicional. Los magistrados otra vez dijeron que no. “Fueron sumamente cuidadosos al no haberle dado la libertad; le otorgaron permisos gradualmente, para ver cómo era su comportamiento fuera del penal. Su actuación fue correctísima”, opinó la fiscal de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira, presidenta de la Asociación de Magistrados. Sin embargo, los jueces no podían mantener a Vera recluido todo el tiempo y, muy a su pesar, le otorgaron un permiso de salida. El delincuente lo aprovechó al máximo. Concretó parte de su venganza y escapó.
El vocal de la Sala II de la Cámara Penal de Concepción, Carlos Pellegri, afirmó que es imprescindible que revisar por qué los informes de los peritos de la cárcel son distintos de los que realizan los forenses del Poder Judicial. Y no son pocos los jueces que advierten que, en opinión de los miembros del servicio penitenciario, todos los presos tienen conducta ejemplar, por lo que no les queda más alternativa que otorgarles los beneficios. A esto, el director de Institutos Penales, Ernesto Salas, respondió diciendo que psicólogos, sociólogos y psiquiatras que trabajan con él mantienen contacto directo y entrevistan periódicamente a los internos antes de hacer los informes. ¿Quién tiene razón?
En la provincia hay unos 1.000 detenidos y 24 jueces de Cámara. Eso significa que cada magistrado debe controlar el comportamiento (dentro y fuera del penal) de unos 42 presos. No sería problema si no tuvieran que hacer otras cosas, como por ejemplo, llevar adelante disímiles juicios orales todas las semanas. Impartir justicia. Ni más ni menos.
El camino más fácil
Mientras algunos abogados, motivados por intereses propios, porque intervienen en distintas causas, se apresuran a pedir juicios políticos, a nadie se le ocurre analizar el problema con detenimiento. Pedir castigos siempre es fácil.
En agosto de 2005, el asesino Alberto Tolosa escapó de la cárcel. En enero de 2006, la Legislatura destituyó a la la jueza Freidenberg por esa fuga. En ese mismo mes, y a raíz del escándalo, los legisladores crearon la figura del Juez de Sentencia, magistrado que iba a tener a su cargo el seguimiento de los reclusos; al menos tres personas estarían dedicadas exclusivamente a tratar de evitar experiencias como la de Tolosa o la de Vera. Pero el Ejecutivo no se hizo tiempo para definir las identidades de esos jueces; durante seis meses congeló los nombramientos y, ya con la nueva Constitución, se vio impedido de designarlos por las presentaciones judiciales en contra de la conformación del CAM, que aún no fueron resueltas por la Corte. La solución al problema está. Pero cuando pudo aplicarse no se hizo, y es una más de las razones por las cuales muchos de los jueces, cada vez que miran hacia arriba, advierten que una espada de Damocles pende sobre ellos. A pesar de que la ley está de su lado.
