Manejo austero del gasto público

Profundas repercusiones han generado en todos los ámbitos de la sociedad tucumana las publicaciones de LA GACETA acerca de los sucesivos incrementos en el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. Una prueba de ello son las cartas de lectores al respecto, publicadas en esta misma página, teñidas todas de una severa crítica hacia los responsables de la administración del dinero que proviene del bolsillo de los contribuyentes.
La información consigna que de los 6 millones que los ediles tenían asignados cuando asumieron sus funciones, los montos treparon a 21 millones en el corriente ejercicio, y que una de las partidas que más se incrementaron es la que corresponde al reparto de subsidios. También se reveló que además de la dieta ($7.000 mensuales) y de los gastos de bloque ($3.000 por mes), cada concejal gasta en promedio $54.000 mensuales para designar a sus empleados.
Es oportuno recordar que los cuerpos legislativos representan uno de los pilares del sistema republicano de gobierno. Las dictaduras militares, históricamente, iniciaron sus gobiernos disolviendo las cámaras; justamente, en ellas se sientan los representantes directos de los intereses de los ciudadanos, por lo que de su correcto funcionamiento depende en gran medida que las normas legales que rigen la vida de la comunidad se ajusten a las necesidades y a las demandas de los habitantes de las ciudades, de las provincias y de toda la Nación.
Los concejales y los diputados son, en instancias de diferente alcance, los representantes directos de los ciudadanos. A ellos deben acudir los vecinos para plantear sus necesidades y para aportar sus iniciativas; los elegidos, por su parte, tienen la obligación de recoger estas inquietudes, analizarlas, proponer las soluciones que estimen más convenientes y apelar a todos los recursos que constitucionalmente estén a su alcance para que -a través de leyes, de ordenanzas o de resoluciones- dichas demandas sean satisfechas. De la propia naturaleza de la función del legislador o del concejal surge la necesidad de una estrecha relación con los vecinos, sus representados. Y para encontrar las respuestas técnicas más adecuadas a los planteos que escuchan, puede hacerse necesario el concurso de personal calificado y especializado; los gastos contemplados en los presupuestos de los cuerpos deliberativos están, en gran medida, destinados a atender los costos de ese tipo de consulta profesional.
Lamentablemente, los usos y costumbres han dado lugar, con el paso de los años, al manejo discrecional de sumas importantes cuyo destino en muchos casos no queda claro. Y allí es donde debe centrarse la crítica. Se trata de adecuar el presupuesto a niveles razonables y de extremar la eficacia de los sistemas de control, de manera que quede absolutamente claro y debidamente justificado el destino de cada centavo empleado por los representantes. No se trata de discutir si el funcionamiento de un Concejo Deliberante, Legislatura o Cámara resulta caro o barato, sino de justificar debidamente todos los gastos que demanda. El sistema republicano de gobierno funda su existencia en el funcionamiento independiente de los tres Poderes; es responsabilidad de gobernantes y de gobernados velar para que tal principio no resulte vulnerado de algún modo.
Y aunque parezca redundante por su obviedad, la realidad cotidiana revela que no resulta excesivo reiterar que la transparencia en los manejos del dinero de los contribuyentes no es algo que sólo debe exigirse a los cuerpos legislativos, sino a todos los funcionarios que tienen la delicada responsabilidad de cumplir con las tareas que permiten el funcionamiento de los poderes del Estado.