24 Junio 2007 Seguir en 
Ya dejó de ser una sorpresa para las fuerzas del orden. Cada vez es más frecuente descubrir que familias enteras se dedican a comercializar drogas, especialmente marihuana, en los barrios de la periferia y en el Gran San Miguel de Tucumán.
Los pesquisas, en los allanamientos que realizaron en los últimos tiempos, se encontraron con el mismo escenario: viviendas muy precarias escondidas detrás de verdaderas murallas de difícil acceso. En cada uno de los operativos detuvieron a madres e hijos o hermanos, todos acusados de vender la sustancia.
“La estructura funciona siempre de la misma manera. Uno consigue traer la mercadería y los demás integrantes se dedican a venderla. Hemos detectado que se organizan para poder comercializar la sustancia durante las 24 horas”, explicó un investigador que varias veces simuló ser comprador para desmantelar el grupo.
En los procedimientos que desarrollaron en las localidades de Alderetes y Villa Carmela y en los barrios Santa Rita y Alejandro Heredia, secuestraron en todos los casos menos de un kilo de marihuana. Este es un claro ejemplo de que se trata de pequeñas redes que venden la mercadería a los habitantes de los barrios donde están instalados y, en algunos casos, a los vecinos.
Costos y algo más
Según las estimaciones de las fuerzas de seguridad que luchan contra el tráfico de drogas, el kilo de marihuana de origen paraguayo cuesta entre $ 7.000 y $ 8.000, según la calidad.
Los vendedores, en cambio, comercializan los “baguyos” (envoltorios con menos de cinco gramos de droga) entre $ 8 y $ 10; “El 25” -pedazos de 25 gramos de la sustancia- se vende a entre $ 30 y $ 50 y por un cigarrillo ya armado, conocido como “porro”, pueden pedir entre $ 1,50 y $ 2.
El negocio, en algunos casos, puede resultar muy próspero. Las fuerzas del orden, en cada uno de los procedimientos, secuestraron entre $ 500 y $ 4.000 en efectivo y vales alimentarios. En la vivienda de Alderetes también encontraron dos certificados de plazos fijos por valor de $ 10.000.
“Las casas pueden no tener baño, pero sí cuentan con modernos equipos musicales, DVD y costosas zapatillas. Evidentemente quieren vivir el momento sin importarles lo que puede ocurrir”, aseguró un pesquisa.
Un problema
El jefe de Policía, Hugo Sánchez, señaló que cada vez son más las familias que se dedican a la venta de drogas. “Son pequeños distribuidores que se dedican, en la mayoría de los casos, a la venta de marihuana, que es de menor costo. No tienen grandes cantidades en su poder, pero si lo suficiente para hacer un buen negocio”, comentó.
El titular de la fuerza agregó: “si en una vivienda se comercializa esa droga, es prácticamente imposible que los habitantes no lo sepan. Por el olor y por el movimiento de la gente que va a comprar, nadie puede decir que no sabe qué es lo que pasa”.
El jefe del Escuadrón 55 de Gendarmería, comandante Claudio Maley, coincidió con Sánchez. “Muchas personas que no tienen recursos ven en esto una forma fácil y rápida de obtener dinero. Hay personas que se abusan de estas familias carecientes para hacer dinero dándoles drogas para que vendan”, señaló.
Maley entiende que estas organizaciones son la punta del ovillo de una investigación. “Tenemos que descubrir quiénes son los que les dan a ellos la droga para que la vendan. Hay que hacer un trabajo con paciencia y ponerle mucha atención para poder descubrir a los intermediarios”, concluyó.
Los policías explicaron que con los datos aportados por los ciudadanos, se inicia una investigación. “Con gente infiltrada tratamos de comprobar la información. Los compradores también son una buena fuente. Este trabajo puede demorar varios meses. No es que recibimos una denuncia e inmediatamente actuamos, porque a veces podemos fracasar. Nuestra misión también consiste en proteger a los testigos”, explicaron.
Las fuerzas de seguridad pueden actuar en base a denuncias anónimas que reciben. La persona que proporciona la información, según las normas vigentes, será protegida desde el mismo momento que brindó la información. Los pesquisas informaron que los centros de comercialización desarticulados cuentan con un gran movimiento de personas. “Hay veces que estamos realizando el allanamiento y caen jóvenes a comprar drogas. Es tan grande su desesperación por consumir que ni siquiera se dan cuenta que en la puerta hay patrulleros”, informó un agente que realiza su trabajo de manera encubierta.
El mismo investigador, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad, explicó a LA GACETA que la mayoría de los compradores son jóvenes del barrio. “Ellos mismos, con el correr de los tiempos, van informando sobre el lugar donde compran la marihuana. Así comienzan a llegar desde otros lugares”, comentó.
Los pesquisas, en los allanamientos que realizaron en los últimos tiempos, se encontraron con el mismo escenario: viviendas muy precarias escondidas detrás de verdaderas murallas de difícil acceso. En cada uno de los operativos detuvieron a madres e hijos o hermanos, todos acusados de vender la sustancia.
“La estructura funciona siempre de la misma manera. Uno consigue traer la mercadería y los demás integrantes se dedican a venderla. Hemos detectado que se organizan para poder comercializar la sustancia durante las 24 horas”, explicó un investigador que varias veces simuló ser comprador para desmantelar el grupo.
En los procedimientos que desarrollaron en las localidades de Alderetes y Villa Carmela y en los barrios Santa Rita y Alejandro Heredia, secuestraron en todos los casos menos de un kilo de marihuana. Este es un claro ejemplo de que se trata de pequeñas redes que venden la mercadería a los habitantes de los barrios donde están instalados y, en algunos casos, a los vecinos.
Costos y algo más
Según las estimaciones de las fuerzas de seguridad que luchan contra el tráfico de drogas, el kilo de marihuana de origen paraguayo cuesta entre $ 7.000 y $ 8.000, según la calidad.
Los vendedores, en cambio, comercializan los “baguyos” (envoltorios con menos de cinco gramos de droga) entre $ 8 y $ 10; “El 25” -pedazos de 25 gramos de la sustancia- se vende a entre $ 30 y $ 50 y por un cigarrillo ya armado, conocido como “porro”, pueden pedir entre $ 1,50 y $ 2.
El negocio, en algunos casos, puede resultar muy próspero. Las fuerzas del orden, en cada uno de los procedimientos, secuestraron entre $ 500 y $ 4.000 en efectivo y vales alimentarios. En la vivienda de Alderetes también encontraron dos certificados de plazos fijos por valor de $ 10.000.
“Las casas pueden no tener baño, pero sí cuentan con modernos equipos musicales, DVD y costosas zapatillas. Evidentemente quieren vivir el momento sin importarles lo que puede ocurrir”, aseguró un pesquisa.
Un problema
El jefe de Policía, Hugo Sánchez, señaló que cada vez son más las familias que se dedican a la venta de drogas. “Son pequeños distribuidores que se dedican, en la mayoría de los casos, a la venta de marihuana, que es de menor costo. No tienen grandes cantidades en su poder, pero si lo suficiente para hacer un buen negocio”, comentó.
El titular de la fuerza agregó: “si en una vivienda se comercializa esa droga, es prácticamente imposible que los habitantes no lo sepan. Por el olor y por el movimiento de la gente que va a comprar, nadie puede decir que no sabe qué es lo que pasa”.
El jefe del Escuadrón 55 de Gendarmería, comandante Claudio Maley, coincidió con Sánchez. “Muchas personas que no tienen recursos ven en esto una forma fácil y rápida de obtener dinero. Hay personas que se abusan de estas familias carecientes para hacer dinero dándoles drogas para que vendan”, señaló.
Maley entiende que estas organizaciones son la punta del ovillo de una investigación. “Tenemos que descubrir quiénes son los que les dan a ellos la droga para que la vendan. Hay que hacer un trabajo con paciencia y ponerle mucha atención para poder descubrir a los intermediarios”, concluyó.
Los vecinos son los mejores informantes para acabar con el negocio ilegal
“Los vecinos siempre serán nuestros mejores informantes. Ellos son los que permanentemente nos están alertando sobre los lugares donde se venden drogas”, aseguraron los comisarios Mario Rojas y Fabián Salvatore, jefe y subjefe de la Digedrop (Dirección General de Drogas Peligrosas).Los policías explicaron que con los datos aportados por los ciudadanos, se inicia una investigación. “Con gente infiltrada tratamos de comprobar la información. Los compradores también son una buena fuente. Este trabajo puede demorar varios meses. No es que recibimos una denuncia e inmediatamente actuamos, porque a veces podemos fracasar. Nuestra misión también consiste en proteger a los testigos”, explicaron.
Las fuerzas de seguridad pueden actuar en base a denuncias anónimas que reciben. La persona que proporciona la información, según las normas vigentes, será protegida desde el mismo momento que brindó la información. Los pesquisas informaron que los centros de comercialización desarticulados cuentan con un gran movimiento de personas. “Hay veces que estamos realizando el allanamiento y caen jóvenes a comprar drogas. Es tan grande su desesperación por consumir que ni siquiera se dan cuenta que en la puerta hay patrulleros”, informó un agente que realiza su trabajo de manera encubierta.
El mismo investigador, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad, explicó a LA GACETA que la mayoría de los compradores son jóvenes del barrio. “Ellos mismos, con el correr de los tiempos, van informando sobre el lugar donde compran la marihuana. Así comienzan a llegar desde otros lugares”, comentó.
Reciben hasta tickets
El personal de las fuerzas de seguridad confirmaron a LA GACETA que los vendedores aceptan cualquier tipo de valor para concretar una operación. “En varios procedimientos encontramos tickets alimentarios. Generalmente, no son los titulares los que lo utilizan, pueden ser familiares o terceros que recibieron los vales”, señaló un pesquisa. Los investigadores confirmaron además que, en algunos casos, se canjea la marihuana por zapatillas o por una prenda de vestir.
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