La calidad de los medios audiovisuales

Mediante un detallado informe, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) ha advertido que el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) no cobra las multas que aplica a los canales de TV abierta y de cable, ni a las radios de AM y FM por infracciones de las normas sobre televisión y radiodifusión. Tampoco, agrega la Sigen, el organismo cuyo interventor es Julio Bárbaro, cuenta con un registro de las infracciones anteriores a 2002, lo que le impide tener conocimiento sobre la reiteración de conductas de esos canales y radioemisoras. La ley 22.284/80, de Radiodifusión, promueve los servicios y regula las licencias, además de supervisar y controlar las emisiones de la programación, el lenguaje y los horarios, aplicando las sanciones correspondientes por las violaciones e incumplimientos del caso. El informe, además, se refiere detalladamente a las sumas no percibidas por el Comfer en carácter de multas, cuyo director de fiscalizaciones y evaluaciones culpa al procedimiento legal vigente por su ineficacia. Esas irregularidades son de larga data y se reiteran, especialmente en la  TV abierta o de aire, dando lugar últimamente a transmisiones desembozadamente inmorales, inclusive en los horarios de transmisiones para menores.
Una reciente encuesta sobre esas emisiones con alcance nacional que ha tenido amplia difusión, consigna con índices contundentes que muchos de los programas contienen escenas de violencia y sexo, malas palabras y lenguaje vulgar, degradan a la mujer y promueven adicciones. Hace ya largo tiempo que el Comfer era un celoso custodio de las emisiones, pero sus funciones fueron cediendo en la responsabilidad de preservar el entretenimiento, la cultura y la información sin apelar a la censura, hasta el punto de indefensión en que hoy se hallan millones de familias del país. Dos años atrás, cuando todavía el problema no alcanzaba la situación actual, el Fondo Nacional de las Artes resolvió promover un movimiento recuperador cultural en los medios audiovisuales, al que se sumaron academias, instituciones profesionales,  empresarias y especialistas con ese fin, con el compromiso del Comfer de contribuir ante el “incremento notorio y excesivo que exponen una alta carga de sexualidad en los contenidos, especialmente durante el horario de protección del menor”. La campaña, denominada “Compromiso con la ciudadanía”, convocaba también implícitamente a las empresas anunciantes de esas emisiones, pero los hechos denunciados persistieron y se agravaron, sumándose a ellos el frecuente lenguaje y los estilos procaces que hoy son recursos comunes de un pernicioso rating.
En mayor o menor grado, la televisión  abierta muy rara vez escapa de esa degradación cultural que ofende a nuestra sociedad, por más que esta le preste audiencias. Es difícil por cierto que sus canales puedan hacerlo sin pérdidas comerciales dentro de un sistema competitivo perverso donde el medio de comunicación suele ignorar su condición ética. Las razones con que se tratan de justificar esos daños morales a la familia no son válidas, en virtud de que los medios de comunicación deben contribuir con la palabra y la imagen al rescate de los valores afectados, pues de lo contrario la misión por cumplir sería más delictiva que reparadora. El Comfer, ciertamente, ha dejado de cumplir con sus fines y la autoridad del Estado debe aplicar los medios para que pueda recuperar su antigua eficiencia de acuerdo con la grave situación denunciada formalmente por la Sigen.