Seis meses han dado y todo parece seguir sereno

“Las provincias, con un rezago de un  trimestre, difundirán información trimestral de la ejecución presupuestaria y del stock de la deuda pública. Se presentará información del nivel de ocupación al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año con un rezago de un trimestre, consignando totales  personal permanente, transitorio y  contratado...” (Artículo 7, Ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal)

Tucumán, hoy, quedó en el terreno del incumplimiento fiscal si se toma en cuenta el texto de la ley que tiende a la transparencia de la gestión y a poner límites al gasto y a al endeudamiento público. Seis meses han dado y parece que el Poder Ejecutivo no tiene apuro en cumplir la letra fiscal. No se sabe aún cómo ha gastado el Estado y cuál es la cifra actual de empleados.
La mejor manera de evaluar la conducta fiscal de una gestión es conocer cómo administra el dinero que ingresa a las arcas. Más allá de que las autoridades se escuden en la frase “lo que importa es el consolidado del año (el resultado final)”, la población quiere desvelar el misterio sobre qué hacen los gobernantes con el dinero que aportan a través de impuestos.
 El contexto político y financiero alimenta viejas tentaciones. El Gobierno arrancó el año con un presupuesto cercano a los $ 3.500 millones y es posible que necesite $ 1.000 millones más para cerrar el año con equilibrio presupuestario. Es verdad que hubo gastos extras por el aumento que se les otorgó a los estatales (estaban incluidos en el presupuesto) y que hubo que afrontar obras públicas. Pero también es cierto que en lo que va del año, la gestión del gobernador José Alperovich dispuso cerca de $ 2.000 millones en ingresos por fondos coparticipables y por recaudación provincial, cifras que constituyen un récord.
Contar la mitad de la historia (la de buenos ingresos), no es del todo saludable, más aún en un año electoral, donde hay cierta propensión al incremento de partidas para determinadas áreas con más llegada a los votantes.  
La difusión de los datos fiscales contribuye a que la administración de Gobierno sea más transparente. Y en esto vale aquella vieja frase aggiornada a la realidad estatal: la administración no sólo tiene que ser honesta, sino también parecer.
Lo malo sería que la demora en oficializar los datos de la ejecución presupuestaria de la primera parte del año sea una estrategia política y oculte un fuerte aumento de las erogaciones que, cada vez que sucede, terminan pagándolo todos los ciudadanos. Por esa razón, es necesario ponerle un freno al gasto, ya que la gestión no termina el 26 de agosto, después de que se sepa quién fue el ganador de las elecciones.