La grave crisis de los partidos

Es imposible determinar cuántos partidos políticos funcionan en el país desde que, hace dos años, se informó que eran 696, de los cuales 41 tenían personería nacional. Mucho menos podría establecerse el número de afiliados que, en algún momento, después de la restauración constitucional, fue el más elevado de nuestra accidentada historia democrática; pero seguramente guarda en la actualidad relación con el fuerte desprestigio que afecta a esas organizaciones y la baja calificación de la clase política. Tan sólo una mínima parte de esos partidos tiene representantes en la Cámara de Diputados de la Nación donde, sin embargo, se registra el número más elevado de la historia parlamentaria, aunque resulta muy problemático frecuentemente determinar cómo habrán de votar legisladores agrupados bajo una misma sigla. Durante los últimos años la distorsión se ha intensificado y se puede observar, vaya por caso, a los de signo justicialista confundidos con el flamante Frente para la Victoria y otros sectores, al igual que al radicalismo, siendo el oficialismo el beneficiario de esas degradaciones de las integridades partidarias.
En oportunidad de las últimas elecciones de renovación parlamentaria se señaló en este lugar que fue considerablemente mayor el reciclaje político de los legisladores que la renovación en las bancas. La política como profesión y no por vocación de servicio público con un sistema de ideas, es ahora un exponente de baja calidad republicana y democrática. Los antiguos liderazgos carismáticos de Hipólito Irigoyen o Juan Domingo Perón ya no impulsan las militancias masivas, quedando asociados al ejercicio del poder público de Carlos Menem o Néstor Kirchner mediante concesiones que les prestan carismas limitados. En el caso de los segundos las facultades delegadas por el Congreso son ya tan numerosas como imprecisables, especialmente para la asignación de recursos por el Poder Ejecutivo mediante la ley de emergencia económica, con la que el Presidente promete después de cuatro años “salir del infierno”. Pero más concesivo aún es que el Congreso no haya considerado hasta el momento ningún dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas sobre el ejercicio de esas concesiones.
 La relación entre ese carismático ejercicio temporal del poder y la debilitación de los partidos políticos como estructuras mediadoras de la ciudadanía, ha permitido entrar en un nuevo período electoral sin la intermediación necesaria de las organizaciones representativas.
Es evidente que al desgaste o descrédito de sus dirigencias se ha sumado la deliberada omisión de una reforma política profunda que a poco de asumir el actual Gobierno fue anunciada mediante la creación de una subsecretaría ad hoc en el Ministerio del Interior, a cargo de Marta Oyhanarte, sobre cuya gestión nada se supo hasta el momento. Divididos o en crisis los grandes partidos, es posible que el primer mandatario y la primera dama sean las excluyentes partes del debate acerca de sus aspiraciones al próximo mandato presidencial. Ese es el resultado de lo que en algún momento definió como concertación plural el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, que se refirió a los partidos resistentes a la propuesta oficial como “espacios miserables donde cada uno medra por su propia suerte”. Concertación sin estructura alguna y en la que no se han producido actos o decisiones colectivas para nominar las candidaturas mayores con la pasividad o tolerancia de la Justicia Electoral ante un procedimiento tan irregular.